Una operación de compra que parecía confiable terminó convirtiéndose en una nueva maniobra de fraude digital. Una vecina de Rawson denunció haber sido estafada tras adquirir perfumes árabes ofrecidos en redes sociales y transferir casi 740.000 pesos sin recibir jamás la mercadería.
La investigación judicial permitió identificar al presunto responsable como Nélson G., con domicilio en la ciudad de Bahía Blanca, quien fue formalmente imputado por el delito de estafa.
Según se desprende de la causa, la oferta fue publicada inicialmente en Facebook y luego las conversaciones continuaron mediante WhatsApp, donde el supuesto vendedor brindó detalles del producto y coordinó la operación comercial. Convencida de la compra, la mujer realizó dos transferencias consecutivas por un monto total cercano a los 740 mil pesos.
Sin embargo, cuando intentó obtener información sobre el envío del perfume, comenzaron los problemas. Las llamadas dejaron de ser respondidas y poco después descubrió que había sido bloqueada por el vendedor, sin posibilidad de volver a contactarlo.
Tras la denuncia radicada ante la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, se inició una investigación que permitió reconstruir el recorrido del dinero. Los investigadores determinaron que los fondos fueron depositados inicialmente en una denominada “cuenta mula”, desde donde posteriormente se realizaron transferencias hacia cuentas bancarias del Banco Nación y Banco Galicia.
Las maniobras bajo investigación ocurrieron durante el mes de noviembre del año pasado y forman parte de una modalidad de fraude cada vez más frecuente, en la que los delincuentes utilizan redes sociales y aplicaciones de mensajería para concretar ventas inexistentes.
La causa está a cargo de la fiscal general Eugenia Domínguez y del abogado Juan Uad, mientras que la defensa oficial del imputado es ejercida por Damián D’Antonio.
Durante la audiencia correspondiente, la jueza de garantías Karina Breckle consideró que los hechos expuestos por la acusación resultan “claros, circunstanciados y precisos”, habilitando la continuidad de la investigación penal. Asimismo, dispuso que la Defensa Pública tenga acceso a las pruebas y evidencias reunidas hasta el momento por los investigadores.
