La Argentina retrocedió cinco posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional (TI), y quedó ubicada en el puesto 104 sobre un total de 182 países, con un puntaje de 36 sobre 100, lo que representa una caída respecto a los 37 puntos obtenidos en 2024.
El informe refleja un deterioro en la percepción sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción en el sector público durante el segundo año de gobierno de Javier Milei. Según el análisis, en los últimos dos años no se implementaron políticas eficaces para prevenir ni sancionar la corrupción, una situación que fue duramente cuestionada por organizaciones especializadas en integridad institucional.
“Las malas novedades para Argentina en este Índice están relacionadas, seguramente, a la ausencia total de interés del gobierno en impulsar políticas anticorrupción. Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción. A esto se le suman los casos $LIBRA y ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), que además de la sospecha de hechos irregulares no generaron una respuesta contundente por parte del Gobierno”, sostuvo Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional.
Por debajo del promedio regional
El puntaje obtenido por Argentina la coloca por debajo del promedio del continente americano, que se ubica en 42 puntos. Dentro de la región, el país ocupa el puesto 19 entre 33 naciones, con una ubicación cercana a la de Belice y Ucrania, y superado por países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana.
En el extremo superior del ranking regional aparecen Canadá, con 75 puntos, y Uruguay, con 73, mientras que los peores desempeños corresponden a Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10), que se ubican entre los países con mayor percepción de corrupción del continente.
Liderazgo nórdico y los peores puntajes globales
A nivel mundial, Dinamarca encabeza el ranking con 89 puntos, seguida muy de cerca por Finlandia, con 88. En el extremo opuesto, Sudán del Sur y Somalia comparten el puesto 181 con apenas 9 puntos, mientras que Venezuela ocupa el lugar 180 con 10 puntos, consolidándose como uno de los países con peor percepción de transparencia en el planeta.
El presidente de Poder Ciudadano, Martín D’Alessandro, remarcó que “estas políticas constituyen una deuda pendiente cada vez más urgente” y subrayó la necesidad de avanzar en medidas sostenidas y efectivas que garanticen integridad, control y transparencia en la gestión pública.
Cómo se mide la corrupción
El Índice de Percepción de la Corrupción no evalúa casos concretos ni estadísticas judiciales, sino la percepción sobre la corrupción en el sector público, a partir de encuestas y evaluaciones realizadas por expertos, empresarios y organismos internacionales.
El indicador reúne entre 3 y 13 fuentes distintas, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bertelsmann, lo que permite construir una medición comparativa global.
“Normalmente, la corrupción implica actividades ilegales y deliberadamente ocultas que solo salen a la luz a través de escándalos y procesos judiciales. Esto hace muy difícil calcular su impacto real”, explicó Transparencia Internacional. Por ese motivo, la puntuación final de cada país surge del promedio estandarizado de todas las fuentes disponibles.
Qué significa el retroceso argentino
El IPC clasifica a los países en una escala de 0 a 100, donde:
- 0 indica una alta percepción de corrupción,
- 100 refleja una baja percepción de corrupción y mayor transparencia.
De este modo, un descenso en el puntaje y en la ubicación del ranking implica un deterioro relativo en la percepción de integridad pública, no porque la cifra de orden más alta signifique mayor corrupción en términos absolutos, sino porque el país empeoró su desempeño en comparación con el resto del mundo.
En el caso argentino, la caída de cinco lugares y la baja de un punto refuerzan la percepción de estancamiento o retroceso en las políticas anticorrupción, en un contexto marcado por la falta de reformas estructurales, el debilitamiento de los organismos de control y la ausencia de respuestas contundentes ante denuncias de alto impacto.
