El ministro de Seguridad y Justicia del Chubut, Héctor Iturrioz, volvió a referirse el último domingo a las amenazas aparecidas en distintas escuelas de la provincia, en línea con situaciones similares registradas a nivel nacional, y remarcó que “hay una responsabilidad social, que involucra a los padres”.
En ese contexto, el ministro sostuvo que “la primera obligación es social” y aclaró que, más allá de las investigaciones que ya se pusieron en marcha, con todos los análisis y la identificación de jóvenes involucrados, “no podemos dejar todo en manos del Estado”.
Iturrioz indicó además que, ante la gravedad de lo sucedido, “hay que entender que los padres también son responsables por las amenazas de los chicos”. Asimismo, valoró “la importancia de la colaboración de los cuerpos docentes”, que permitió durante la semana concretar todos los análisis con resultados positivos en Gaiman, Esquel, Rawson, Playa Unión y Puerto Madryn, logrando determinar la autoridad de amenazas en distintos establecimientos educativos.
En concreto, se llevó a cabo dos allanamientos en Puerto Madryn, dos en Trelew, uno en Gaiman, cuatro en Rawson, uno en Esquel y otro en Epuyén, y se demoró también a un menor en Puerto Madryn.
En tal sentido, el funcionario provincial insistió en que las pintadas aparecidas en escuelas “no pueden ser tomadas como una broma” y advirtió, tanto a los jóvenes como a sus padres, que “si se incumple la ley, hay consecuencias”.
En esa línea, remarcó que “hay que desterrar la idea de que se amenaza y no pasa nada, más aún cuando se hace referencia al uso de armas o posibles ataques”.
Por último, solicitó “un mayor compromiso de las familias en relación con el uso responsable de las redes sociales”, y pidió especialmente “un acompañamiento de los padres y familiares directos, sobre todo en el caso de los adolescentes”.
En otra orden, el ministro destacó el trabajo llevado adelante por la Policía del Chubut en distintas localidades, a través de las Divisiones de Investigaciones Policiales (DPI) y en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, lo que permitió el secuestro de celulares y otros elementos de interés para las causas en curso, así como la identificación de los autores de diversas amenazas detectadas principalmente en los baños de los establecimientos escolares.
