Las amenazas que en los últimos días alteraron el normal funcionamiento de escuelas en distintas ciudades de Chubut, que también se replicaron en todo el territorio nacional, ya tienen consecuencias judiciales concretas.
Así lo dijo este martes a la mañana en FM Del Viento el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, al confirmar que hay al menos dos personas imputadas en el marco de investigaciones por intimidación pública, un delito que contempla penas de prisión.
“Estos chicos a los que se les hicieron medidas ayer ya están imputados”, explicó el funcionario en referencia al procedimiento en Puerto Madryn, al detallar que se realizaron allanamientos en los que se secuestraron teléfonos celulares, elementos clave para el avance de la causa.
El ministro fue categórico al referirse a la gravedad de los hechos: “Esto no es una broma. Es un delito consumado, con penas de dos a seis años”. En ese sentido, advirtió que incluso los menores mayores de 16 años pueden ser sometidos a proceso penal.
Frente a esta situación, el Gobierno provincial desplegó un amplio operativo que incluye refuerzo de la presencia policial en los establecimientos educativos, intervención de la División Policial de Investigaciones (DPI) para identificar a los responsables y el trabajo de la Policía Comunitaria con charlas de concientización.
“Se reforzó la presencia policial en las escuelas. No tendría por qué ser necesario, pero la realidad nos impone eso”, señaló Iturrioz, al tiempo que reconoció el impacto social de estas medidas, que implican reasignar recursos de otras tareas preventivas.
Las amenazas, que inicialmente aparecían en forma de pintadas en baños, comenzaron a migrar hacia el ámbito digital. “Han mutado: ahora se difunden más por redes sociales o WhatsApp, lo que nos permite tener más herramientas para identificar a los autores”, explicó.
Si bien desde el Ministerio detectaron una disminución en la cantidad de casos respecto de los picos registrados días atrás, las intimidaciones continúan activas, por lo que el protocolo de seguridad se mantendrá vigente. “Va a seguir hasta que cesen absolutamente las amenazas”, aseguró.
Otro de los efectos directos de esta situación fue el ausentismo escolar. Según indicó el funcionario, hubo una baja en la asistencia debido al temor generado en las familias, lo que evidencia el alcance del impacto social.
Además, Iturrioz remarcó que muchas denuncias surgieron a partir de alertas de los propios padres: “No podemos normalizar que un chico le diga a su familia que vio un arma en una foto de WhatsApp dentro de la escuela”.
El ministro también puso el foco en la necesidad de que los adolescentes comprendan las consecuencias de sus acciones: “Estoy seguro de que no dimensionaron el conflicto que generaron”.
En paralelo, se avanza en la articulación con el sistema educativo, aunque aclaró que las medidas disciplinarias dentro de las escuelas dependen del ámbito administrativo y no del Ministerio de Seguridad.
