La Fiscalía Federal de Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) informaron este martes sobre un amplio operativo que incluyó el allanamiento de la vivienda del empresario Lázaro Báez en El Calafate. Los procedimientos, ordenados por el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez, se llevaron a cabo desde el lunes en el marco de dos causas conexas que investigan el transporte de cocaína y maniobras de lavado de dinero.
Una red de narcotráfico vinculada a transportes
Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, la primera línea de investigación busca determinar la existencia de una presunta organización dedicada al transporte y distribución de cocaína en Santa Cruz. Las maniobras se habrían desarrollado al menos desde diciembre de 2025 mediante camiones pertenecientes a una empresa transportista. De acuerdo con la hipótesis, la distribución estaba a cargo de dos hombres, uno de ellos responsable de un lavadero donde presuntamente se realizaban las entregas.
Lavado de dinero y el rol atribuido a Lázaro Báez
El avance de la investigación sobre el tráfico de estupefacientes abrió un segundo expediente que apunta directamente a Lázaro Báez (actualmente detenido). La Fiscalía sostiene que una estructura encabezada por el empresario se habría dedicado a administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito sustraídos de la ejecución de sus condenas. La conexión principal entre ambos expedientes radica en que uno de los presuntos integrantes de la red atribuida a Báez sería, a su vez, el líder de la banda investigada por el tráfico de drogas.
Allanamientos y medidas patrimoniales en la Patagonia
Los operativos incluyeron más de veinte allanamientos en Río Gallegos, El Calafate, estancias de Santa Cruz (como Alquinta y La Entrerriana) y domicilios de Buenos Aires. De los procedimientos participaron personal de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional. Como resultado, la Justicia secuestró estupefacientes, documentación, vehículos y ordenó medidas cautelares patrimoniales, además del levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados.
