La Corte Suprema de Justicia de la Nación designó a dos conjueces para debatir en la causa que debate la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras mediante el artículo 154 del DNU 70/23. Además, el máximo tribunal resolvió reducir a 24 horas el plazo para consentir la integración, con el objetivo de acelerar los tiempos para definir el conflicto.
Los magistrados elegidos son Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos deberán participar en la resolución de una controversia que los tres integrantes del máximo tribunal no lograron resolver por unanimidad.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión de acortar los plazos responde a las “particulares circunstancias de la causa”.
Por qué la Corte Suprema debe resolver la derogación de la Ley de Tierras
La intervención de los conjueces busca destrabar el debate sobre la validez del artículo 154 del DNU 70/23, impulsado por el Gobierno nacional, que dispuso la derogación de la Ley de Tierras.
El expediente se originó a partir de una demanda presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie, que sostiene que la medida es inconstitucional y solicita que sea declarada nula.
La entidad argumentó que la derogación de la normativa compromete la protección del medioambiente, el territorio y los recursos naturales, además de afectar los derechos colectivos de los pueblos originarios.
La causa comenzó en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche. Posteriormente, el expediente fue derivado a la Cámara Federal de La Plata, donde tampoco se abordó el fondo de la cuestión. Ahora, la definición quedó en manos de la Corte Suprema, que deberá resolver el planteo de fondo.
El antecedente del reclamo por la Ley de Tierras
La discusión judicial se produce luego de que la Corte Suprema rechazara un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) contra la derogación de la Ley de Tierras.
En aquella oportunidad, el máximo tribunal consideró que la organización no contaba con legitimación para impulsar la acción judicial y que no existía una controversia que debiera resolverse en esos términos.
Con la designación de Barroetaveña y Pérez Curci, la Corte busca avanzar en el expediente promovido por la Asociación Civil Árbol de Pie y definir la validez del artículo cuestionado del DNU 70/23, en una disputa que involucra la regulación de las tierras rurales y la protección de los recursos naturales.
