Una mujer de 40 años, identidicada por sus iniciales M.C.L.G, recibió una suspensión de juicio a prueba en el marco de una causa por estafa que se investiga por hechos ocurridos en mayo de 2025 en la localidad de Ricardo Rojas. La damnificada sufrió un perjucio económico de más de dos millones de pesos.
La medida fue acordada entre el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública y presentada ante el juez penal Alejandro Rosales, durante una audiencia realizada en la sala N.º 1 de la Oficina Judicial de Sarmiento.
Cómo fue la estafa investigada
De acuerdo con la acusación fiscal, la mujer habría aprovechado una situación de confianza con la víctima para sustraerle de su billetera una tarjeta de crédito regional del Banco del Chubut.
Posteriormente, habría utilizado la tarjeta para realizar compras en dos comercios de Aldea Beleiro y Río Mayo. Además, según la investigación, solicitó un préstamo a través de una plataforma de servicios financieros y billetera digital.
Como consecuencia de estas operaciones, la denunciante habría sufrido un perjuicio económico que supera los $2 millones.
Qué condiciones deberá cumplir la acusada
En el marco de la salida alternativa, las partes propusieron una suspensión de juicio a prueba por dos años, con una serie de reglas de conducta y obligaciones para la imputada.
Entre las condiciones establecidas se encuentran:
- Reparación económica: deberá devolver el monto total de la estafa en un solo pago, mediante transferencia bancaria.
- Prohibición de contacto: deberá mantener la restricción de comunicarse con la víctima.
- Fijación de domicilio: tendrá que establecer y mantener un domicilio.
- Presentaciones trimestrales: deberá presentarse cada tres meses ante el Cuerpo de Delegados.
- Pedido de disculpas: tendrá que ofrecer disculpas a la damnificada.
Quiénes participaron de la audiencia
Durante el acto judicial, la Fiscalía estuvo representada por la procuradora Luciana Coppini y el abogado Bryan Mac Donald. Por su parte, la acusada recibió asistencia técnica de la defensora pública Rosa Sánchez.
Tras escuchar los planteos de las partes, el juez Alejandro Rosales indicó que la salida alternativa del conflicto sería homologada, teniendo en cuenta el plazo de dos años solicitado por la Fiscalía.
