La Justicia de Chubut abrió una investigación contra diez personas acusadas de integrar y operar una presunta red de apuestas ilegales mediante plataformas digitales y billeteras virtuales. La jueza de garantías de Rawson, Eve Ponce, dispuso la apertura de la investigación preparatoria luego de cuatro audiencias realizadas durante la mañana de este viernes.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el Instituto de Asistencia Social (IAS) ante la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Ministerio Público Fiscal del Chubut.
Según la investigación, los diez imputados habrían cumplido distintos roles dentro de una estructura dedicada a la captación de apuestas sin autorización de la autoridad competente. En particular, se los señala como cajeras y cajeros ilegales que recibían y distribuían dinero mediante billeteras virtuales y cuentas electrónicas.
De acuerdo con la imputación fiscal, los acusados serían autores o partícipes necesarios de una estructura que operaba mediante redes sociales y plataformas virtuales creadas para la captación clandestina de apuestas.
El funcionamiento investigado se habría apoyado en billeteras virtuales y cuentas electrónicas utilizadas para canalizar el dinero: desde el ingreso de los fondos hasta su distribución y posterior egreso.
La Fiscalía sostiene que cada uno de los imputados habría tenido participación dentro de esa estructura, principalmente a través de tareas vinculadas con la recepción y entrega del dinero de las apuestas.
La actividad, según la acusación, se desarrollaba sin la autorización del Instituto de Asistencia Social, organismo que regula y controla los juegos de azar en el ámbito provincial.
La conducta atribuida está contemplada en el artículo 301 bis del Código Penal, que establece sanciones para quien explote, administre, opere u organice, por sí o mediante terceros, cualquier modalidad de captación de juegos de azar sin autorización de la autoridad competente.
La norma alcanza tanto a establecimientos físicos que funcionan sin habilitación como a modalidades de apuestas realizadas mediante plataformas digitales.
En este caso, la investigación se concentra en la utilización de herramientas electrónicas y redes sociales para desarrollar la actividad y en el circuito financiero utilizado para recibir y transferir el dinero.
Cuatro audiencias y diez imputados
Los diez acusados fueron notificados de los cargos durante cuatro audiencias realizadas este viernes en la Oficina Judicial de Rawson.
La mayoría participó de manera remota mediante la plataforma Zoom. En tres de los casos, los imputados estuvieron asistidos por defensores particulares, mientras que una de las acusadas se presentó personalmente en la Oficina Judicial acompañada por su abogada.
Se trata, según se informó durante las audiencias, de una mujer desocupada y emprendedora, oriunda de Comodoro Rivadavia.
Los diez imputados son oriundos de Comodoro Rivadavia y Esquel, de acuerdo con la información expuesta durante el proceso.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Eugenia Domínguez, a cargo de la investigación, junto con la funcionaria de Fiscalía Ruth Saigg.
Por su parte, nueve de los acusados fueron asistidos por los defensores oficiales Pablo Sánchez, Miguel Lugo y Damián Dantonio.
El Estado provincial, considerado víctima
En la causa, el Estado provincial figura como víctima, representado por el Instituto de Asistencia Social y, dentro del proceso judicial, por la Fiscalía de Estado.
La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada por el propio organismo ante la unidad especializada en delitos informáticos del Ministerio Público Fiscal.
A partir de allí, los investigadores avanzaron sobre la presunta estructura digital y financiera utilizada para canalizar las apuestas, con el objetivo de establecer el nivel de participación que tuvo cada uno de los imputados.
Con la decisión de la jueza Ponce, comenzó formalmente la etapa de investigación preparatoria, que tendrá un plazo de seis meses.
