La Fiscalía de Esquel identificó y formalizó al presunto responsable de un caso de abigeato ocurrido en una zona rural, donde habrían sido sustraídos al menos 11 ovinos de un establecimiento ganadero vecino. El acusado, que se desempeñaba como encargado de uno de los campos, quedó formalmente bajo investigación luego de una audiencia realizada este jueves.
La imputación fue presentada por el procurador de Fiscalía Ismael Cerda, quien expuso ante el tribunal los elementos reunidos durante las tareas de investigación y solicitó la apertura del proceso penal.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los hechos se habrían desarrollado entre mayo y octubre de 2025, en dos establecimientos ganaderos ubicados en campos colindantes.
El acusado habría aprovechado las tareas propias de la actividad rural para manipular los alambrados divisorios y arrear ilegalmente animales pertenecientes al establecimiento vecino.
La maniobra para ocultar los animales
Uno de los aspectos centrales de la acusación está relacionado con el presunto intento de modificar la identificación del ganado.
Los animales contaban con marcas y señas de oreja que permitían identificar a su legítima propietaria. Según la Fiscalía, esa identificación habría sido alterada después del supuesto apoderamiento.

De los 11 ovinos involucrados, seis fueron encontrados con signos de haber sido esquilados para retirar el tizado original. Posteriormente, habrían sido marcados con pintura roja, utilizada para identificar animales en proceso de engorde.
Los otros cinco animales tuvieron un destino diferente: fueron faenados para consumo.
Sin embargo, los cueros conservaron las marcas de origen. Según la acusación, los cinco cueros fueron encontrados dentro de la propiedad utilizada por el investigado, un elemento que pasó a formar parte de la evidencia incorporada al expediente.
Abigeato simple
La Fiscalía calificó provisoriamente la conducta como abigeato simple y solicitó la apertura formal de la investigación preparatoria.
El juez interviniente hizo lugar al planteo y estableció un plazo de seis meses para profundizar la investigación, de acuerdo con las disposiciones del Código Procesal Penal de Chubut.
Durante ese período, la Fiscalía podrá avanzar con nuevas medidas destinadas a reconstruir la maniobra, determinar el destino de los animales y consolidar —o eventualmente modificar— la hipótesis planteada en esta primera etapa.
La defensa del imputado no formuló objeciones a la apertura de la investigación, aunque dejó expresamente reservada la posibilidad de revisar las actuaciones a medida que avance el proceso.
Prohibición de contacto
Además de la apertura de la investigación, Cerda solicitó medidas destinadas a proteger a la persona damnificada.
El tribunal dispuso la prohibición de contacto físico, verbal o personal entre el acusado y la víctima durante 60 días.
La particularidad del caso está dada por las características de la zona rural donde se encuentran los establecimientos. Ambos campos comparten caminos vecinales y servidumbres de paso, por lo que la resolución no estableció una distancia determinada de acercamiento.
No obstante, el tribunal dejó establecido que cualquier incumplimiento de la medida podrá derivar en una investigación por el delito de desobediencia judicial.














