La presidenta de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Andrea Luna, aseguró que la nueva conducción encontró una situación institucional y financiera «peor de la esperada» y confirmó que se encuentra auditando las administraciones anteriores para determinar posibles responsabilidades por el estado económico de la entidad.
Durante una entrevista en el programa Sin Hilo, de Canal 12, Luna explicó que, desde que asumió el Consejo de Administración el pasado 27 de julio, una de las primeras decisiones fue reorganizar el funcionamiento interno mediante comisiones específicas para cada área, con el objetivo de avanzar en un proceso de ordenamiento administrativo y transparencia.
La titular de la Cooperativa sostuvo que el principal problema es económico, aunque remarcó que detrás de la crisis también existen falencias administrativas que deberán ser investigadas. Afirmó que la deuda con CAMMESA se originó durante varios años en los que, según indicó, no se abonaron las facturas correspondientes, pese a que los usuarios sí pagaban el servicio.
Además, reveló que al asumir solicitaron toda la documentación institucional y advirtieron la falta del libro de actas N° 204 del Consejo de Administración, cuya desaparición cuenta con una denuncia policial de extravío. Para Luna, esa situación constituye una de las primeras señales de posibles irregularidades en la gestión anterior.
Evalúan denuncias penales
La dirigente confirmó que el equipo jurídico de la cooperativa analiza la presentación de denuncias penales una vez concluida la revisión de la documentación.
Explicó que las acciones judiciales podrían alcanzar tanto a personas en particular como a consejos de administración completos, de acuerdo con los resultados de la auditoría que actualmente se encuentra en marcha.
Como parte de ese proceso, la entidad firmó un convenio con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco para realizar una revisión técnica de las decisiones de gestión adoptadas en los últimos años.
Durante la entrevista, Luna también aseguró haber recibido amenazas luego de asumir la conducción de la cooperativa. Relató que pocos días después de presentar su documentación para formalizar su cargo se registró un corte de energía provocado por el presunto sabotaje de un transformador en la zona donde reside y que días más tarde ocurrió un hecho similar.
Según indicó, ambos episodios fueron denunciados ante la Justicia y son investigados por la Brigada de Investigaciones.

Negociación con CAMMESA y conexiones clandestinas
La presidenta confirmó además que la cooperativa ya participa de una mesa de negociación con autoridades nacionales para avanzar en la reestructuración de la deuda con CAMMESA.
En paralelo, indicó que las medidas de reorganización interna permitieron generar un ahorro de aproximadamente 53 millones de pesos.
Otro de los desafíos planteados por la conducción es la regularización de conexiones clandestinas. Según las estimaciones de la entidad, existen entre 4.000 y 4.500 usuarios conectados de manera irregular a la red eléctrica, una situación que comenzará a abordarse junto al municipio en distintos barrios de Trelew.
Revisan el parque automotor
El proceso de reordenamiento también alcanzó al parque automotor de la Cooperativa. Gabriel Símboli, integrante del Consejo de Administración, explicó que al asumir encontraron una flota con un importante nivel de deterioro y vehículos que llevaban años fuera de servicio.
Según detalló, fueron identificadas cinco unidades prácticamente inutilizables, cuyos costos de reparación resultaban elevados. A partir de un requerimiento del área de Agua, la nueva conducción decidió avanzar con un esquema de recambio.
Los cinco vehículos fueron entregados como parte de pago y, mediante una operación con cheques diferidos para evitar un mayor impacto financiero inmediato, la Cooperativa incorporó un Ford 4000 4×4 modelo 2017, destinado al área de Agua, que hasta ese momento contaba con un Ford 350 modelo 1983.
Símboli también se refirió a la Chevrolet Tracker adquirida durante la gestión anterior, una compra que quedó bajo revisión de las nuevas autoridades.
El consejero aseguró que, tras analizar la documentación, el valor que figura en la operación no coincidiría con los $45 millones que se habían mencionado públicamente y señaló que el tema se encuentra judicializado.
La intención de la actual conducción es poner la unidad a disposición para su venta o permuta, realizar una nueva compulsa de precios entre distintos oferentes y reemplazarla por dos vehículos de menor cilindrada, destinados a tareas operativas de la Cooperativa.
La medida forma parte del proceso de revisión de gastos que lleva adelante la nueva administración, que también puso bajo análisis contratos de seguros, horas extras y otros costos fijos de la entidad.














