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Piden informes por la contratación del servicio de alimentación en las cárceles provinciales

La diputada provincial Vanesa Abril cuestionó el control del Estado sobre la empresa encargada de proveer las viandas para los internos del sistema penitenciario y aseguró que el debate no pasa por si los presos "quieren asado", sino por el cumplimiento del contrato.

La diputada provincial Vanesa Abril, del bloque Arriba Chubut, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial explique cómo fue el proceso de contratación de la empresa encargada de suministrar la alimentación a los internos del sistema carcelario provincial y qué controles se realizan sobre el cumplimiento del servicio.

La legisladora sostuvo que el planteo surge a partir de la polémica instalada en torno al reclamo por la calidad de la comida que reciben las personas privadas de la libertad, un tema que el gobernador Ignacio Torres resumió públicamente en la frase «los presos quieren carne».

«Mi pedido de informes no apunta a si los presos quieren carne o asado. Lo que queremos saber es quién está prestando el servicio, cómo fue contratada la empresa y si el Estado está controlando que cumpla con lo establecido en el contrato», explicó la legisladora provincial.

Abril indicó que la empresa señalada como prestadora del servicio sería MasterCraft, contratada desde el inicio de la actual gestión provincial, aunque aclaró que justamente busca que el Ejecutivo confirme esa información y remita el expediente administrativo.

Según señaló, durante la investigación realizada por su equipo encontraron antecedentes de incumplimientos de esa firma en otras jurisdicciones del país, lo que motivó el pedido de explicaciones. «Si la empresa estuviera cumpliendo correctamente con el contrato, probablemente este conflicto no existiría», afirmó.

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Respaldo al alivio impositivo para el campo

Por otra parte, Abril valoró la aprobación de la prórroga de la exención del Impuesto Inmobiliario Rural para productores ubicados fuera de los ejidos municipales, aunque advirtió que la medida resulta insuficiente frente a la crisis que atraviesa el sector.

La legisladora remarcó que el beneficio alcanza principalmente a pequeños y medianos productores, con establecimientos de menos de mil cabezas de ganado, y rechazó que se trate de una medida destinada a grandes terratenientes.

«Estamos hablando de productores que tienen serias dificultades para sostener la actividad y que vienen reclamando respuestas desde hace mucho tiempo», señaló.

Reclamo por políticas para la producción

Abril recordó que en los últimos días las sociedades rurales de la provincia realizaron fuertes planteos por la situación del sector y aseguró que durante mucho tiempo no encontraron respuestas del Ministerio de Producción.

En ese contexto, consideró que el nuevo ministro, Julio Kresteff, tendrá el desafío de revertir esa situación y avanzar con políticas concretas. Entre las principales preocupaciones mencionó la reducción del presupuesto del INTA y del SENASA, la problemática de la sarna, los predadores y la falta de herramientas para sostener la producción ovina.

«Esta prórroga ayuda, pero el campo necesita medidas concretas y urgentes. Lo que estamos pidiendo es que esas acciones que anunció el Gobierno se implementen rápidamente y que se conozca cuáles serán las herramientas para acompañar a un sector que viene reclamando respuestas desde hace tiempo», concluyó.

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