El sistema de detención de Chubut atraviesa un escenario de sobreocupación y falta de plazas, una situación que llevó al Gobierno provincial a evaluar nuevas alternativas de infraestructura. El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, confirmó que actualmente hay unos 800 detenidos para una capacidad estimada en 760 lugares y adelantó que buscan ampliar el sistema con nuevas plazas.
En diálogo con Canal 12 este viernes a la tarde, en Rawson, el funcionario explicó que ya fueron recuperados espacios de detención que habían quedado inutilizados, aunque los nuevos cupos fueron rápidamente ocupados. “Estamos abocados a hacer más cupos”, señaló Iturrioz, quien estimó que el objetivo inmediato es incorporar entre 50 y 60 lugares adicionales mediante obras y refacciones en comisarías.
Más cámaras, más detenciones
El ministro vinculó la necesidad de ampliar la capacidad de alojamiento con la incorporación de sistemas de cámaras de seguridad y nuevas herramientas de investigación, que, según su expectativa, permitirán mejorar la evidencia disponible para las causas judiciales.
“Sabemos que con la implementación del sistema de cámaras los detenidos van a ser más. Esperemos que sean más”, sostuvo.
En ese sentido, Iturrioz expresó su confianza en que la evidencia objetiva obtenida mediante las cámaras facilite las actuaciones preventivas y permita a los jueces disponer más detenciones cuando corresponda.
El desafío, sin embargo, es dónde alojar a esas personas en un sistema que actualmente ya se encuentra por encima de su capacidad.
Un centro para los presos más peligrosos
Frente a ese panorama, el Gobierno provincial analiza una alternativa de mayor alcance: construir un centro de detención específico para personas consideradas de mayor peligrosidad.
Iturrioz explicó que se está evaluando la posibilidad de destinar parte de los fondos provenientes del bono a ese objetivo y señaló que la intención sería avanzar hacia un esquema de clasificación de los internos según sus perfiles, similar al utilizado por el sistema penitenciario federal.
“Estamos viendo la posibilidad de que dentro del bono poder hacer un centro de atención para los delincuentes más peligrosos, poder separarlos por perfil”, afirmó.
La propuesta apunta a evitar que internos con diferentes niveles de peligrosidad y características convivan en los mismos espacios, una cuestión que el funcionario considera central para mejorar el funcionamiento del sistema.
Procesados y condenados, separados
La sobreocupación no es el único problema que enfrenta el sistema. También aparece la necesidad de diferenciar a las personas que cumplen prisión preventiva de aquellas que ya tienen una condena firme.
Según Iturrioz, cuando asumió la actual gestión, alrededor del 70% de los detenidos eran procesados. Actualmente, ese porcentaje habría descendido a cerca del 30%.
El funcionario sostuvo que uno de los objetivos es profundizar la separación entre ambos grupos porque, según explicó, procesados y condenados no deberían permanecer alojados en los mismos espacios.
La capacidad actual ronda los 760 lugares, mientras que la población detenida llegó a unos 800 internos.
Esquel
Durante la entrevista, Iturrioz también se refirió a la situación de establecimientos penitenciarios federales ubicados en Chubut, entre ellos la Unidad 14 y la Unidad 6, y a proyectos que contemplaban la venta de inmuebles para trasladar centros de detención.
El ministro recordó que la Unidad 14 representaba para la provincia una oportunidad para contar con un establecimiento penitenciario ya construido, en lugar de afrontar desde cero una obra de esas características.
Según explicó, la posibilidad estaba vinculada con un proyecto que contemplaba vender inmuebles con valor inmobiliario y trasladar establecimientos penitenciarios. Sin embargo, la iniciativa no prosperó y finalmente no fueron vendidas ni la Unidad 14 ni la Unidad 6.
Para Chubut, la posibilidad de incorporar una infraestructura penitenciaria ya existente continúa siendo considerada de interés frente a la falta de espacios.
El desafío de controlar a los presos de mayor peligrosidad
Iturrioz también describió uno de los principales riesgos que, a su entender, presenta el sistema penitenciario: la capacidad de determinados internos para ejercer poder sobre otros presos e incluso generar vínculos de complicidad dentro de los establecimientos.
El funcionario hizo referencia a la existencia de liderazgos internos que pueden terminar condicionando el funcionamiento de una unidad y mencionó episodios de connivencia policial que fueron investigados.
Frente a ese escenario, planteó la necesidad de contar con sectores de máxima seguridad, con personal especialmente preparado y controles más estrictos sobre los agentes penitenciarios.
Según explicó, el modelo que considera adecuado incluye controles sobre la conducta y situación económica de los guardiacárceles, además de una remuneración acorde con las responsabilidades que implica trabajar con internos de alto perfil.
