La Fiscalía Penal de la provincia formalizó la investigación contra la pareja de Walter Ayilef Millapan, quien fue detenida tras el violento episodio. En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal imputó a la mujer por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo de pareja y por haber sido cometido con alevosía. El juez interviniente ratificó la legalidad de la detención y ordenó la prisión preventiva por seis meses.
El trágico hecho ocurrió el pasado 10 de julio de 2026, entre las 03:00 y las 04:00 de la madrugada, en una vivienda del Barrio Suelco. El fiscal Ezequiel Forti y el funcionario Julián Forti expusieron ante el magistrado que el personal policial arribó al inmueble tras recibir un alerta. Allí fueron recibidos por la imputada, quien afirmó inicialmente que el hombre se había autolesionado. Al ingresar, las autoridades hallaron a la víctima sentada en una silla, inmóvil y con una fuerte hemorragia por un corte en el cuello. Minutos después, el personal médico de la ambulancia confirmó su deceso.
Las pruebas del homicidio doblemente agravado
A pesar de los intentos de la mujer por instalar la teoría de un suicidio y entorpecer la investigación, el equipo fiscal desarticuló rápidamente su versión mediante el análisis de evidencias objetivas en la escena. El arma empleada fue hallada a quince metros de donde se encontraba el cuerpo de Millapan, sin que se registraran rastros de arrastre de la víctima que justificaran ese desplazamiento.
A esta inconsistencia se sumaron las severas limitaciones físicas que padecía el jubilado rural de 68 años. La víctima poseía una marcada afección motriz en su brazo derecho producto de una patología cervical previa. Al ser diestro, resultaba físicamente imposible que pudiera haberse infligido una herida de tal magnitud en el sector posterior derecho de su propio cuello, lo que consolida la hipótesis fiscal del homicidio doblemente agravado.
Vulnerabilidad y antecedentes de violencia
La reconstrucción del entorno familiar y vecinal expuso un escenario de extrema vulnerabilidad. Allegados describieron a Millapan como una persona sumisa, pacífica y ajena a comportamientos violentos, que además sufría de problemas de alcoholismo y severas dificultades para trasladarse de manera independiente. De acuerdo con los testimonios recabados por los investigadores, la acusada se aprovechaba reiteradamente de estas condiciones.
Testigos confirmaron que la mujer ejercía maltrato físico constante sobre el hombre, le retenía sus documentos de identidad y disponía arbitrariamente de sus haberes jubilatorios. Asimismo, los vecinos de la zona indicaron que la imputada presentaba antecedentes de conductas sumamente agresivas en el barrio y acarreaba procesos previos ante los tribunales locales. Su actitud posterior al crimen reforzó las sospechas: testigos afirmaron que se mostró distante, reticente a colaborar y se negó a proveer toallas para auxiliar a la víctima mientras se desangraba.
Seis meses de prisión en el IPP
Finalmente, el juez dispuso el traslado inmediato de la acusada al Instituto Penitenciario Provincial (IPP) para cumplir el plazo de la medida de coerción. El magistrado fundamentó la necesidad de la prisión preventiva debido al evidente peligro de fuga, sustentado en la altísima pena en expectativa (prisión perpetua) y en los antecedentes de la mujer por incumplir arrestos domiciliarios previos.
A su vez, se acreditó el peligro de entorpecimiento judicial, valorando las maniobras iniciales para ocultar el arma homicida y el riesgo latente de que la sospechosa pudiera ejercer influencia o amedrentar a los testigos del vecindario que aún deben declarar en el proceso penal en Chubut.
