Está claro que la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete modificó el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores dialoguistas. En ese nuevo esquema, Ignacio Torres aparece como uno de los principales socios políticos del oficialismo nacional. Detrás de los acuerdos de gestión ya comienza a tomar forma una construcción electoral que podría redefinir el mapa político argentino de cara a 2027.
En política hay fotos que muestran el presente y otras que anticipan el futuro. La que dejó el acto por el Día de la Independencia en Tucumán pertenece a la segunda categoría. Javier Milei rodeado de gobernadores dialoguistas, Diego Santilli ocupando un lugar central en la mesa de decisiones y un Ignacio Torres que ya no aparece como un dirigente opositor dispuesto a negociar ocasionalmente con la Nación, sino como un actor incorporado a una estrategia política de largo plazo. O al menos es lo que se vislumbra.
No fue una reunión protocolar. Fue una demostración de que la relación entre Chubut -como una docena más de provincias- y la Casa Rosada entró en una nueva etapa.
Durante los dos primeros años de gestión, el vínculo estuvo atravesado por la desconfianza. Hubo conflictos por los fondos coparticipables, reclamos judiciales, obras paralizadas y declaraciones cruzadas. El diálogo existía, pero la política no encontraba interlocutores. Ese escenario cambió. Y el cambio tiene nombre y apellido: Diego Santilli.
La decisión de Milei de poner al dirigente del PRO con origen en el peronismo al frente de la Jefatura de Gabinete respondió a una necesidad evidente. El Gobierno necesitaba alguien que conociera la lógica de los gobernadores, hablara el idioma de la política y pudiera transformar los gestos de buena voluntad en acuerdos concretos. Santilli empezó a cumplir ese papel desde el primer día.
No es casual que Ignacio Torres haya sido uno de los primeros gobernadores en reconocerlo públicamente. Lo hizo sin rodeos. Admitió que los principales planteos realizados por Chubut comenzaron a tener respuestas favorables desde que el ex diputado asumió esa responsabilidad. Habló de la compensación de deudas, del financiamiento para rutas nacionales y de una dinámica distinta en la relación institucional.
Cuando un gobernador hace ese reconocimiento en público, no está describiendo únicamente una mejora administrativa. Está enviando una señal política. Y la señal fue bien recibida.
En Buenos Aires ya nadie interpreta el vínculo entre Torres y Milei como una relación circunstancial. Todo indica que las conversaciones avanzaron hacia una instancia superior, donde la gestión empieza a mezclarse con la estrategia electoral.
La clave está en una frase que pasó casi desapercibida durante la entrevista televisiva que el gobernador brindó a América 24 desde Tucumán. Sostuvo que los acuerdos entre el PRO y La Libertad Avanza no necesariamente deberán ser idénticos en todo el país y que cada distrito tendrá autonomía para construir su propio esquema.
Esa definición no fue improvisada. Es el lenguaje que utiliza la política cuando las negociaciones ya están bastante más avanzadas de lo que se reconoce públicamente. Porque la discusión dejó de ser si habrá entendimiento. La discusión pasa por cómo será ese entendimiento.
El acuerdo
En ese esquema, Chubut aparece como uno de los laboratorios más interesantes. Torres logró consolidar un liderazgo provincial, mantiene una buena relación con la mayoría del radicalismo, conserva centralidad dentro del PRO y, al mismo tiempo, construyó un canal directo con el Gobierno nacional.
Del otro lado también existen incentivos. La Libertad Avanza sabe que todavía necesita estructura territorial, dirigentes con experiencia de gestión y liderazgos provinciales capaces de garantizar gobernabilidad. Torres ofrece exactamente ese perfil.
Naturalmente, ninguna de las partes hablará todavía de un acuerdo electoral cerrado. Sería prematuro. La política nunca anuncia una alianza antes de tener resueltos los detalles más delicados, pero sí deja señales. Y las señales se acumulan: la foto de Tucumán, las declaraciones de Torres, los elogios públicos hacia Santilli, la resolución de conflictos que durante meses permanecieron trabados, la coincidencia en temas como la reforma electoral y la necesidad de construir acuerdos flexibles según cada provincia. Nada de eso parece casual.
Radicales enojados con radicales
Hay decisiones políticas que generan rechazo en la oposición. Otras incomodan a los aliados. Pero las más difíciles de administrar son las que provocan malestar puertas adentro. Eso es exactamente lo que comenzó a vivir la Unión Cívica Radical de Chubut después de que sus propios diputados levantaran la mano para habilitar la reelección indefinida de intendentes en los municipios sin Carta Orgánica.
La paradoja es difícil de disimular. Fue el propio radicalismo el que, hace apenas una década, impulsó la llamada Ley Caminoa para poner un límite a las reelecciones consecutivas. Lo hizo con un argumento que entonces parecía indiscutible: impedir la perpetuación de dirigentes en el poder y fortalecer la alternancia democrática. Hoy, buena parte de esos mismos dirigentes terminaron haciendo exactamente lo contrario. Y el costo político empezó a llegar mucho antes de que la tinta de la ley se secara.
El primero en marcar diferencias fue el Comité Departamental de Esquel. Después llegaron otros diez comités del interior provincial. Todos utilizaron prácticamente el mismo concepto: retroceso institucional. Todos reclamaron el veto del gobernador Ignacio Torres. Todos recordaron que la alternancia fue siempre una bandera del radicalismo.
No es un detalle menor. Los cuestionamientos más fuertes no provinieron del peronismo, de La Libertad Avanza ni de otros espacios opositores. Llegaron desde el corazón mismo del partido.
Como si eso fuera poco, el intendente de Rawson, Damián Biss, terminó de confirmar que la discusión recién empieza. No sólo rechazó la reelección indefinida, sino que además advirtió que los diputados radicales deberán explicar por qué acompañaron un proyecto impulsado por una legisladora sastrista aunque aliada del oficialismo. Traducido al lenguaje político, significa que el tema llegará inevitablemente a la mesa partidaria y difícilmente quede saldado con un comunicado. Hay que recordar que todavía está pendiente la elección del nuevo presidente del radcialismo chubutense y que Gerardo Merino es el apuntado.
Lo curioso es que la discusión excede incluso a la propia ley. Lo que está en debate es la identidad política del radicalismo. Porque cuando un partido renuncia a una de las ideas que defendió durante años, inevitablemente aparecen las preguntas. ¿Cambió la realidad? ¿Cambió la convicción? ¿O simplemente cambiaron las necesidades electorales?
Los comités del interior parecen tener una respuesta. En su documento recuerdan que la Ley Caminoa no nació por casualidad sino como una decisión deliberada para evitar liderazgos eternos y fortalecer las instituciones. Por eso consideran que la marcha atrás no sólo modifica una norma, sino que borra parte de la historia reciente del partido. Las contradicciones, a veces, suelen pagarse caras.
El peronismo busca el mapa antes de elegir al conductor
El peronismo chubutense volvió a hacer lo que mejor sabe hacer cuando se acerca una elección importante: discutir el método antes que el candidato. La diferencia es que esta vez esa discusión no parece ser una excusa para demorar definiciones sino una consecuencia lógica de un escenario político que todavía está en construcción.
Las reglas electorales aún no están cerradas. No es un detalle menor. La continuidad o no de las PASO, la eventual habilitación de colectoras y, sobre todo, la creciente posibilidad de que las elecciones provinciales terminen unificándose con las nacionales de octubre pueden modificar por completo la estrategia de todos los espacios.
En ese contexto apareció José Glinski con un mensaje que, más que una candidatura, parece una advertencia. El diputado nacional eligió hablar de unidad cuando el resto todavía habla de nombres. «Si vamos juntos, ganamos en 2027», dijo. La frase tiene dos destinatarios. Hacia afuera intenta transmitir competitividad frente al gobierno de Ignacio Torres. Hacia adentro busca desalentar la tentación de construir por afuera del PJ.
No es casual que también haya mencionado a Dante Bowen. Lo hizo con una fórmula elegante: reconoció su derecho a competir, pero dejó claro que la competencia debe darse dentro del partido y no fuera de él. Traducido al idioma de la política, el mensaje es sencillo: todos pueden aspirar, pero nadie debería romper.
La respuesta de Bowen, en realidad, no llegó con declaraciones sino con hechos. Mientras otros hablan de unidad, él sigue construyendo territorio. La inauguración del local de Chubut Futuro en pleno centro de Trelew no fue solamente un acto partidario. Fue una demostración de presencia, una señal de continuidad y otro paso en una campaña que hace tiempo dejó de ser una posibilidad para transformarse en una decisión.
Bowen no espera autorizaciones. Actúa como candidato. Y esa conducta obliga al resto del peronismo a acelerar sus propios tiempos.
Porque mientras Glinski propone contener y Bowen suma kilómetros, Juan Pablo Luque mantiene intacta la principal incógnita del peronismo provincial. El exintendente de Comodoro Rivadavia no dice que sí ni dice que no.
Su silencio tiene explicación política. Antes de tomar una decisión necesita saber en qué cancha se jugará el partido. No es lo mismo competir con PASO que sin ellas. No es igual una elección provincial separada que una unificada con la nacional. Tampoco es indiferente la existencia o no de colectoras.
Esperar, desde esa lógica, tiene sentido. Pero en política el tiempo nunca es gratuito. Cada mes que pasa sin una definición alimenta especulaciones. Algunos siguen convencidos de que Luque volverá a disputar la Gobernación. Otros creen que terminará ordenando el peronismo comodorense para una elección municipal. Y en los últimos días comenzó a circular una tercera hipótesis que hasta hace poco parecía improbable: que complete tranquilamente su mandato como diputado nacional y reserve su capital político para un escenario futuro más favorable.
No sería una decisión menor. Porque el peronismo necesita un liderazgo claro tanto como necesita una estrategia común. Durante demasiado tiempo confundió renovación con fragmentación. Y terminó pagando ese costo.
Quizás por eso la principal elección del peronismo todavía no sea la de 2027. La primera elección será mucho más inmediata: decidir si quiere volver a ser un espacio que ordena sus diferencias para competir por el poder o si seguirá siendo una fuerza donde cada dirigente administra su propio proyecto mientras el calendario avanza. Porque las campañas empiezan con discursos. Pero las elecciones se ganan cuando alguien consigue que todos acepten jugar para el mismo equipo.
