En un fallo unánime, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut revocó el sobreseimiento de un pastor evangélico acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal contra una joven de Lago Puelo, al considerar que la decisión judicial que había cerrado la causa fue prematura y contraria a los estándares nacionales e internacionales para investigar delitos de violencia sexual.
La resolución respondió a una impugnación extraordinaria presentada por la Fiscalía de Lago Puelo, que cuestionó el fallo de primera instancia por entender que impedía injustificadamente que el caso llegara a juicio.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados se habrían producido entre 2015 y 2020, período durante el cual el imputado habría aprovechado su condición de pastor y autoridad espiritual para someter sexualmente a la víctima, quien tenía 17 años al inicio de los episodios denunciados.
La acusación describe una escalada de violencia que habría comenzado con tocamientos sin consentimiento en la vivienda del imputado y que luego derivó en múltiples hechos de acceso carnal, presuntamente ocurridos tanto en la casa del acusado como en domicilios de integrantes de la congregación religiosa y, posteriormente, en la oficina de la iglesia y en una vivienda utilizada para grabaciones de contenido religioso durante la pandemia.
Según la Fiscalía, el contexto de asimetría de poder y la posición de liderazgo religioso del acusado fueron determinantes para la continuidad de los abusos denunciados.
La Fiscalía cuestionó el cierre anticipado de la causa
El conflicto judicial surgió cuando un juez de primera instancia declaró la nulidad de la acusación y sobreseyó al imputado, al considerar que el requerimiento fiscal era «vago e impreciso».
Sin embargo, la Fiscal General Débora Fernanda Barrionuevo sostuvo que la acusación cumplía con todos los requisitos legales, ya que identificaba al imputado, a la víctima, el contexto de dominación y el período en que habrían ocurrido los hechos.
Además, advirtió que exigir una precisión absoluta respecto de fechas y horarios en casos de abusos reiterados a lo largo de varios años resulta incompatible con la jurisprudencia vigente y termina revictimizando a quienes denuncian este tipo de delitos.
La representante del Ministerio Público también sostuvo que el juez omitió valorar pruebas relevantes, entre ellas testimonios, informes periciales y otros elementos incorporados durante la investigación.
Al analizar el caso, el máximo tribunal provincial concluyó que el sobreseimiento no debió dictarse sin antes permitir que la Fiscalía corrigiera cualquier aspecto formal de la acusación, tal como prevé el artículo 295 del Código Procesal Penal de Chubut.
En ese sentido, los ministros remarcaron que los jueces tienen la obligación de preservar los actos procesales y evitar que cuestiones formales impidan el acceso a la Justicia, especialmente cuando se investigan delitos de violencia sexual.
Perspectiva de género y «debida diligencia reforzada»
Uno de los aspectos centrales del fallo fue el recordatorio de que los magistrados deben aplicar una perspectiva de género y actuar bajo el principio de «debida diligencia reforzada», previsto en instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la Ley Nacional 26.485.
El Superior Tribunal sostuvo que las respuestas judiciales no pueden limitarse a un análisis estrictamente formal, sino que deben garantizar que las víctimas tengan un acceso real y efectivo a la Justicia.
Asimismo, advirtió que trasladar a la denunciante las consecuencias de eventuales defectos procesales podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino por incumplir su deber de investigar y sancionar hechos de violencia de género.
La sentencia también afirmó que la resolución de primera instancia reprodujo estereotipos de género y privó anticipadamente a la denunciante de una instancia fundamental para que los hechos fueran analizados en un juicio oral.
