La investigación por la muerte de Ángel Nicolás López ya no se limita a establecer las responsabilidades penales de Mariela Altamirano, madre del niño, y de su pareja Michel González, ambos imputados por el homicidio, sino que también pone el foco en el accionar de los funcionarios y profesionales que participaron del proceso de revinculación familiar previo al trágico desenlace ocurrido en Comodoro Rivadavia.
Según informó el medio comodorense ADN Sur, el jefe de fiscales, Cristian Olazábal, confirmó que el Ministerio Público Fiscal lleva adelante dos investigaciones paralelas. La primera es la causa principal por el homicidio del menor, mientras que la segunda busca determinar si existieron incumplimientos de los deberes de funcionario público durante el proceso que permitió que Ángel volviera a convivir con su madre.
La investigación paralela está a cargo del fiscal Martín Cárcamo y se inició a partir de una denuncia presentada por la Asociación Más Vida, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, que posteriormente fue ratificada conforme al procedimiento legal.
Quiénes son los funcionarios investigados
De acuerdo con lo informado por Olazábal al portal de noticias, la denuncia apunta inicialmente contra la psicóloga Jennifer Leiva, la asesora de Familia Verónica Roldán y el juez de Familia Pablo Pérez, quienes intervinieron en el expediente que concluyó con la revinculación del niño.
Sin embargo, la Fiscalía aclaró que la investigación no se limita únicamente a esas personas, ya que durante el análisis de la documentación podría determinarse la participación de otros funcionarios públicos que hayan tenido algún grado de intervención en la toma de decisiones.
«No está delimitada solamente a las personas denunciadas; hay que hacer un análisis integral para determinar qué aporte tuvo cada uno en la decisión que permitió la revinculación», explicó Olazábal.
Qué busca determinar la Fiscalía
Uno de los principales objetivos de la investigación es reconstruir todo el procedimiento administrativo y judicial que derivó en la restitución del cuidado personal de Ángel a su madre.
En ese marco, los informes técnicos elaborados antes de la revinculación ocupan un lugar central dentro de la pesquisa. Según explicó el jefe de fiscales, la documentación incorporada al expediente y las evaluaciones del Equipo Técnico Interdisciplinario sostenían que existían condiciones familiares, sociales y ambientales favorables para que el niño regresara al hogar materno.
No obstante, tras la muerte del menor, la Fiscalía considera que esos informes podrían no haber reflejado la realidad que atravesaba el niño.
«Lo que pudimos establecer a partir de este suceso fatal es que esos informes habrían reflejado una realidad que no se compadece con lo que efectivamente sucedió», afirmó Olazábal.
Precisamente, esa presunta contradicción entre las evaluaciones técnicas y las condiciones reales en las que vivía Ángel constituye uno de los ejes de la nueva investigación penal.
Los funcionarios continúan en sus cargos
Consultado sobre la situación de los funcionarios mencionados en la denuncia, Olazábal indicó que, hasta el momento, continúan desempeñando sus funciones.
El jefe de fiscales aclaró que la Fiscalía no tiene facultades para suspender preventivamente a funcionarios públicos, ya que esa decisión corresponde a los organismos administrativos y disciplinarios competentes.
En caso de comprobarse el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, la legislación contempla no solo penas de prisión, sino también la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Cómo sigue la causa principal
En paralelo, continúa avanzando la investigación por el homicidio de Ángel Nicolás López, en la que permanecen imputados con prisión preventiva Mariela Altamirano, acusada de homicidio agravado por el vínculo y alevosía, y Michel González, imputado como presunto autor material de las agresiones por homicidio simple agravado por alevosía.
En los últimos días, además, el tribunal resolvió que intervenga el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá analizar las pericias médicas contradictorias incorporadas al expediente y determinar si las lesiones sufridas por el niño fueron suficientes para provocar su fallecimiento y si resulta científicamente válido el plazo estimado para la producción de esas lesiones.
