El Poder Judicial de la provincia de Chubut formalizó el inicio de un proceso judicial de gravedad. Tras evaluarse las pruebas preliminares recolectadas por las agencias de investigación estatal, el juez local dio luz verde para el avance de una causa que involucra la presunta comisión de delitos contra la integridad sexual, perpetrados en el ámbito convivencial en la localidad de Sarmiento.
Los ministerios públicos involucrados se encuentran coordinando tareas operativas a fin de resguardar el interés superior de la niñez involucrada, activando los mecanismos de contención interdisciplinaria previstos en los protocolos de asistencia vigentes.
La decisión del juez Quiroga y las medidas de protección
A partir de la presentación detallada de la plataforma fáctica de la imputación penal, el juez penal Ariel Quiroga resolvió hacer lugar de manera integral al pedido de apertura de investigación formalizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. La resolución del magistrado establece conceder un plazo perentorio de seis meses para que el equipo de investigadores proceda a reunir las evidencias científicas y testimoniales remanentes antes de la presentación de la acusación pública definitiva contra el denunciado.
En paralelo a los plazos procesales dictados para la preparación del juicio, el juez impuso una orden judicial de restricción de carácter urgente para salvaguardar la integridad de la menor damnificada. Esta medida de protección civil determina con precisión que, durante el transcurso del próximo semestre, el sujeto investigado tiene prohibido acercarse físicamente o establecer cualquier tipo de contacto por vías electrónicas, telefónicas o terceras personas con la víctima. Debido al estrecho vínculo familiar existente entre el imputado —identificado únicamente por sus iniciales C.E.M.D.R (33)— y la víctima menor de edad, las autoridades omitieron difundir los nombres completos para impedir la exposición pública de la identidad de la niña.
Los detalles de la audiencia de apertura de investigación
La audiencia se desarrolló el lunes 22 de junio en las instalaciones de la sala n°1 de la oficina judicial de Sarmiento. Durante la sesión, la acusación fue sustentada técnicamente de forma conjunta por la procuradora Luciana Coppini y el funcionario de fiscalía Matías Ayuzo, quienes expusieron la cronología de las presuntas agresiones. Los hechos denunciados se remontan al 18 de febrero de 2024, situándose el escenario criminal en una vivienda particular de Sarmiento donde en aquel momento convivían la madre de la menor y el sujeto procesado bajo la calificación legal de abuso sexual simple.
En el desarrollo de la audiencia, el funcionario Ayuzo procedió a relatar minuciosamente las circunstancias fácticas que componen el legajo fiscal. Posteriormente, la procuradora Coppini enumeró los elementos de convicción y evidencias de carácter biológico y testimonial que los investigadores obtuvieron hasta el momento. Al cierre, la fiscalía requirió al magistrado que se ordene la presentación obligatoria del sospechoso ante la oficina de la división científica de la policía provincial a los fines de que se le aplique el protocolo único de identificación de personas.
Por su parte, la Asesoría de Menores, representada activamente en el recinto por los abogados Sofía Maestro y Jeremías Kruger, brindó un informe detallado respecto de las intervenciones preventivas y de asistencia psicológica que ya fueron ejecutadas de manera articulada por parte del Equipo Técnico Interdisciplinario (E.T.I) del Poder Judicial. En tanto, la abogada de la defensa pública oficial, Cubilla Podestá, optó por adoptar una postura de no oposición frente a los requerimientos formales y medidas de coerción solicitadas por el órgano acusador estatal.
Guía institucional: ¿Adónde se puede denunciar en Sarmiento?
Ante hechos de vulneración de derechos, violencia de género o abusos contra la integridad sexual, las dependencias oficiales de la localidad de Sarmiento mantienen canales activos permanentes para la recepción de denuncias e intervención inmediata, fundamentales para proteger a las víctimas y contribuir directamente en la prevención de futuros actos delictivos.
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