La Justicia Federal de San Martín responsabilizó al Estado argentino por los fusilamientos perpetrados en junio de 1956, uno de los episodios más emblemáticos de la violencia política del siglo XX en el país. La sentencia, dictada en el marco del denominado Juicio por la Verdad, determinó que existió una planificación estatal detrás de los hechos y ordenó una serie de medidas destinadas a reparar el daño causado y preservar la memoria colectiva.
La decisión judicial llega 70 años después de los fusilamientos de José León Suárez, ocurridos durante la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu y Isaac Francisco Rojas, y constituye un nuevo paso en la reconstrucción histórica de aquellos acontecimientos.
Según quedó acreditado en el expediente 41.041, durante la madrugada del 10 de junio de 1956, efectivos policiales realizaron un allanamiento ilegal en una vivienda de la localidad bonaerense de Florida. Las doce personas que se encontraban en el lugar fueron detenidas sin orden judicial y trasladadas primero a la comisaría de San Martín. Horas más tarde fueron llevadas a un descampado en José León Suárez, donde se concretaron los fusilamientos.
Como consecuencia de aquel operativo murieron Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión, mientras que Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavídez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta lograron sobrevivir.
Uno de los testimonios más relevantes del proceso fue el de Juan Carlos Livraga, reconocido como uno de los sobrevivientes de los fusilamientos, quien declaró desde Estados Unidos a los 96 años y aportó elementos fundamentales para reconstruir los hechos.
La magistrada a cargo del caso concluyó que los delitos cometidos constituyeron allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía, encuadrando los hechos dentro de graves violaciones a los derechos humanos.
El fallo también atribuye responsabilidades a las máximas autoridades de la dictadura de entonces, encabezadas por Aramburu y Rojas, así como a los funcionarios policiales que ejecutaron el operativo, entre ellos el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez y el inspector Rodolfo Rodríguez Moreno. Aunque todos los involucrados fallecieron hace años, la sentencia estableció que, de haber sido juzgados, les habría correspondido la pena de prisión perpetua.
Reparación y memoria
Además de reconocer la responsabilidad estatal, la resolución ordena un amplio programa de medidas reparatorias orientadas a preservar la memoria de las víctimas y garantizar el conocimiento de los hechos por parte de las futuras generaciones.
Entre las principales acciones dispuestas figura la rehabilitación del buen nombre y honor de los doce hombres involucrados en el episodio, tanto de quienes fueron asesinados como de quienes lograron sobrevivir.
Asimismo, se ordenó la publicación de la sentencia en los Boletines Oficiales de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, además de su difusión a través de organismos de derechos humanos.
La Justicia también dispuso la incorporación de los hechos en los contenidos educativos nacionales y bonaerenses, con el objetivo de fortalecer la enseñanza sobre los acontecimientos que marcaron la historia democrática argentina.
Otro de los puntos centrales es la colocación de placas conmemorativas en los lugares donde se realizaron los allanamientos, las detenciones y los fusilamientos, junto con la creación de un Sitio de la Memoria en el predio de los históricos basurales de José León Suárez, escenario donde ocurrieron las ejecuciones.
Además, los nombres de todas las víctimas serán incorporados al registro de víctimas de violencia institucional del Estado argentino.
Durante las audiencias desarrolladas en el Auditorio Hugo del Carril participaron familiares de las víctimas, muchos de los cuales declararon por primera vez ante la Justicia. En ese marco, recibieron acompañamiento del Equipo “Dra. Silvia Bleichmar”, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el próximo 16 de julio, aunque el fallo ya es considerado un hito en la búsqueda de verdad y reparación sobre uno de los hechos más recordados de la historia argentina.
