El 9 de junio de 1956, la Policía de la Provincia de Buenos Aires ejecutó a un grupo de civiles en los basurales de José León Suárez, en el marco de la represión desplegada por la autodenominada “Revolución Libertadora”, encabezada por Pedro Eugenio Aramburu.
Aquella noche fueron asesinados Mario Brión, Vicente Rodríguez, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti y Carlos Lizaso, mientras que siete hombres lograron sobrevivir a la balacera. Entre ellos se encontraba Juan Carlos Livraga, cuyo testimonio resultó determinante para reconstruir los hechos y permitió que el periodista y escritor Rodolfo Walsh investigara el caso y publicara posteriormente la emblemática obra “Operación Masacre”, considerada una de las denuncias más contundentes contra el terrorismo de Estado previo a la última dictadura militar.
Hoy, a 70 años de aquellos asesinatos, familiares y organismos de derechos humanos impulsan un juicio por la verdad que busca establecer oficialmente que se trató de crímenes de lesa humanidad, una calificación que durante décadas fue negada.
“Para que los jóvenes sepan la verdad”
Alicia Rodríguez, hija de Vicente Rodríguez, tenía apenas diez años cuando su padre fue asesinado. Con 80 años, sigue sosteniendo la misma lucha por memoria y justicia.
“Que los asesinatos cometidos en los entonces basurales de José León Suárez sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad es un logro muy importante. Sirve para que los jóvenes sepan la verdad de lo que pasó”, expresó.
Para Rodríguez, este proceso judicial también representa una forma de reparación para las familias que convivieron durante décadas con el dolor y el silencio.
“Pienso que así se construye la Memoria, la Verdad y la Justicia, para que otras familias no tengan que vivir tanta crueldad como la que nos tocó vivir a nosotros”, afirmó al recordar a su padre, a quien definió como “una persona muy amable y amorosa”.
La historia de Nicolás Carranza
Otro de los testimonios que reflejan la dimensión humana de la tragedia es el de Leonardo Muñoz, nieto de Nicolás Carranza, ferroviario y militante peronista asesinado aquella noche.
“Mi abuelo tenía seis hijos. Mi mamá, Julia, tenía apenas 45 días de vida cuando lo mataron. Le arrebataron la posibilidad de conocer a su padre”, relató.
Muñoz recordó que Carranza y su compañero Francisco Garibotti habían concurrido a una vivienda en Florida con la excusa de escuchar una pelea de boxeo por radio. Sin embargo, el verdadero motivo era esperar la difusión de una proclama vinculada al levantamiento encabezado por el general Valle.
“Esperaban participar de una movilización para reclamar la restauración del presidente constitucional Juan Domingo Perón”, explicó.
Los hombres fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 1ª de San Martín. Según destacó Muñoz, la captura ocurrió antes de la declaración de la Ley Marcial, por lo que debían haber sido sometidos a un proceso judicial ordinario.
“Los subieron a un camión oficial y los llevaron a los basurales de José León Suárez, donde fueron ejecutados cobardemente por la espalda”, sostuvo.
La búsqueda de justicia que atravesó generaciones
Muñoz lamentó que muchos familiares hayan fallecido sin poder ver este momento histórico.
“Muchos se fueron esperando justicia. Por eso este juicio tiene un valor enorme para quienes seguimos levantando las banderas de aquellos mártires asesinados”, afirmó.
También recordó que su madre debió esperar 50 años para poder llevar legalmente el apellido de su padre, a pesar de contar con todas las pruebas biológicas que acreditaban el vínculo familiar.
“Está prohibido olvidar a nuestros mártires del 56”, enfatizó.
“No fueron fusilamientos, fueron asesinatos”
Otra de las voces centrales en la preservación de la memoria es la de Daniel Brión, hijo de Mario Brión y autor del libro El presidente duerme, una de las investigaciones más reconocidas sobre la masacre.
Cuando ocurrieron los hechos tenía apenas cuatro años.
“Tengo pocos recuerdos de mi papá. Entre ellos, que me enseñó a silbar”, evocó.
Con el paso de los años, transformó la búsqueda personal en una investigación histórica. Y es categórico al definir lo ocurrido:
“No fueron fusilamientos, fueron asesinatos cometidos por la dictadura cívico-militar de Aramburu. Un fusilamiento es un acto legal ordenado por el Estado; un asesinato es un crimen ilegal que está por fuera de la ley”.
Brión recordó además que, tras las ejecuciones, los cuerpos fueron trasladados al entonces Hospital Eva Perón para las autopsias, mientras que los represores intentaron borrar evidencias incendiando los basurales donde se había producido la matanza.
“Poder llegar a este juicio después de 70 años es como que alguien te toque el hombro y te diga: ‘Lo logramos’. Todo ocurrió dentro de un plan sistemático de exterminio de opositores políticos”, sostuvo.
