La Cámara en lo Penal de Esquel confirmó la condena de seis años de prisión impuesta al oficial subinspector de la Policía del Chubut, Juan Emilio Llaipén, hallado culpable del delito de extorsión contra un detenido al que obligó a firmar la transferencia de una camioneta mediante amenazas y la exhibición de su arma reglamentaria.
La resolución ratificó el fallo dictado en octubre de 2025 por un Tribunal Mixto y rechazó los planteos presentados por la defensa técnica del uniformado, respaldando en todos sus términos la investigación y la acusación impulsada por la Fiscalía.
Cómo ocurrió el hecho
Según quedó acreditado en el juicio, el 30 de mayo de 2024 Llaipén ingresó al sector de calabozos de la Comisaría Primera de Esquel, donde se encontraba detenido Nicolás Maximiliano Esteban bajo prisión preventiva.
La investigación determinó que el policía aprovechó su condición de funcionario y la situación de vulnerabilidad de la víctima para exigirle que firmara el formulario 08 correspondiente a la transferencia de una camioneta Toyota Hilux a nombre de un tercero identificado como Luciano Miguel.
Durante el procedimiento, el uniformado habría amenazado al detenido para lograr su objetivo.
De acuerdo con la sentencia, le manifestó: «Te doy dos opciones: o firmás o firmás. Si no lo firmás, te voy a meter una paliza y te voy a mandar al pabellón 1».
Las pruebas que sostuvieron la condena
La Cámara destacó que se trató de un delito cometido dentro de un ámbito de encierro, sin presencia de testigos civiles, por lo que resultó fundamental analizar el conjunto de evidencias reunidas durante la investigación.
Los jueces concluyeron que el testimonio de la víctima presentó coherencia y estuvo respaldado por múltiples pruebas objetivas.
Entre ellas se encuentran registros de cámaras de seguridad de la dependencia policial, donde se observa a Llaipén exhibiendo su arma reglamentaria al detenido y posteriormente entregándosela a un subordinado dentro del sector de calabozos.
Además, se incorporaron mensajes intercambiados entre el policía y Luciano Miguel, señalado como beneficiario de la transferencia de la camioneta. Según la Justicia, los chats reflejan cómo ambos coordinaban la maniobra, celebraban la obtención de la firma y acordaban cuestiones vinculadas al pago por la operación.
Otro elemento considerado clave fue una transferencia de 500 mil pesos recibida por Llaipén a través de Mercado Pago poco después de concretado el hecho investigado.
A ello se sumó el testimonio de la escribana que intervino en la certificación de la documentación. La profesional declaró que fue contratada por Miguel y señaló que el propio policía le indicó que no dialogara con el detenido al momento de la firma, pese a que éste aparentaba no comprender plenamente el acto que estaba realizando.
La Cámara ratificó la pena
En los fundamentos del fallo, los magistrados sostuvieron que quedó acreditado el accionar doloso del uniformado y remarcaron que actuó con un claro objetivo de obtener un beneficio económico ilegítimo.
Asimismo, destacaron la gravedad institucional del caso al tratarse de un funcionario policial que utilizó las facultades de su cargo para cometer el delito.
Por ese motivo, concluyeron que la pena de seis años de prisión resulta proporcional a la conducta desplegada y ratificaron íntegramente la sentencia condenatoria.
Con esta resolución, la condena contra Juan Emilio Llaipén quedó confirmada en segunda instancia, consolidando la postura de la Fiscalía respecto de uno de los casos de corrupción policial más graves investigados en los últimos años en la región.
