Un ex policía de Esquel enfrenta un juicio oral por abuso de poder. La Fiscalía de esa ciudad cordillerana sostiene que obligó a un detenido a firmar la transferencia de una Toyota Hilux bajo intimidación dentro de una celda.
Según la acusación, el imputado, actualmente exonerado de la fuerza, aprovechó su posición y la situación de encierro de un detenido para obligarlo a transferir su camioneta Toyota Hilux.
“Este caso muestra cómo un funcionario que juró proteger y servir usó su autoridad para beneficio propio”, sostuvo la fiscal María Bottini en su alegato de apertura.
La jornada de debate comenzó con los alegatos de apertura, la declaración del imputado y el testimonio de la víctima. Ante un tribunal integrado por jueces técnicos y vocales legos, la Fiscalía expuso los hechos que buscará probar durante el juicio contra el ex policía provincial, acusado de abuso de autoridad y coacción.
Intimidación dentro de la celda
El hecho investigado ocurrió el 30 de mayo de 2024, entre las 14:31 y las 15:22 horas, en la Comisaría Primera de Esquel. La víctima, un joven de 26 años detenido por un delito económico, se encontraba bajo custodia estatal.
De acuerdo con la Fiscalía, el ex policía ingresó al calabozo —pese a que su función era administrativa y no tenía a cargo a los detenidos— con el propósito de forzarlo a firmar el formulario de compra-venta (Formulario 08) de una Toyota Hilux.
La fiscal Bottini indicó que el acusado habría mostrado su arma reglamentaria dentro de la celda y pronunciado frases intimidantes como “vengo por un pedido especial” y “te doy dos opciones: o firmás o firmás”. En otro momento, según la denuncia, le advirtió: “si no lo firmás te voy a meter una paliza y te voy a mandar al pabellón 1, donde están todos”.
La víctima terminó firmando el formulario dentro de la celda, en presencia de una escribana. Según la investigación, por este “encargo”, Llaipén recibió una transferencia bancaria de 660.000 pesos por parte del beneficiario de la transacción del vehículo.
La defensa niega coacción y habla de un “favor”
En su intervención, la defensa del ex servidor público negó que se haya cometido un delito y planteó que la firma del documento fue voluntaria. Argumentó que el ex oficial actuó como intermediario en un trámite entre conocidos y que las supuestas amenazas fueron frases coloquiales sin intención intimidatoria.
El debate continuará esta semana con la presentación de testigos y la incorporación de pruebas documentales. El tribunal deberá resolver si las acciones del ex oficial constituyeron un abuso de poder y una coacción agravada, o si, como sostiene la defensa, se trató de un simple acto de colaboración entre particulares.
