La aprobación de la ley provincial que regula el uso de celulares en las escuelas de Chubut abrió el debate sobre el papel de la tecnología en las aulas y las responsabilidades compartidas entre las instituciones educativas y las familias.
En ese marco, la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli, aclaró este jueves en FM Del Viento que la norma aún no entró en vigencia porque debe atravesar el proceso de promulgación y reglamentación, pero destacó que su espíritu no apunta a una prohibición absoluta.
“La ley no prohíbe el uso. Regula el uso”, sostuvo la funcionaria al referirse a una de las principales interpretaciones que surgieron tras la aprobación legislativa.
Di Sarli explicó que desde el Ministerio de Educación vienen trabajando desde hace tiempo en la construcción de acuerdos escolares de convivencia que contemplan pautas para el uso de dispositivos tecnológicos dentro de cada establecimiento.
“Nosotros sabemos en la escuela que prohibir no educa. Lo que educa es aprender a usarlo y saber tener autocontrol sobre las cuestiones tecnológicas”, afirmó.
Cada escuela definirá cómo aplicar la regulación
Uno de los puntos centrales de la normativa es que cada comunidad educativa tendrá la posibilidad de definir los mecanismos concretos para implementar la regulación, en función de sus características y necesidades.
Según detalló la subsecretaria, algunas escuelas ya utilizan sistemas como cajas de seguridad dentro del aula donde los estudiantes depositan sus teléfonos al inicio de la jornada y los retiran al finalizar las clases. Otras instituciones permiten su utilización durante los recreos, pero no durante las horas de enseñanza.
“Lo importante es entender que no pueden estar todo el tiempo pendientes del celular”, señaló. La funcionaria remarcó también que las decisiones serán tomadas mediante acuerdos entre directivos, docentes, estudiantes y familias, fortaleciendo el concepto de corresponsabilidad. “No es un problema de la escuela, es un problema de todos”, enfatizó.
Di Sarli consideró que uno de los principales aportes de la ley es instalar el debate en la agenda pública y promover una mayor participación de las familias en el acompañamiento de los estudiantes. “La escuela sola no puede. Hay una corresponsabilidad de la familia y de la sociedad en esto”, indicó.
Además, recordó que los teléfonos celulares son adquiridos y entregados por las familias, por lo que el trabajo conjunto resulta indispensable para establecer pautas de uso razonables y sostenibles en el tiempo.
Habrá sanciones
Respecto a las consecuencias ante posibles incumplimientos, la funcionaria explicó que los acuerdos escolares de convivencia ya contemplan mecanismos de intervención y acciones reparatorias. “Va a haber un régimen sancionatorio, pero claramente va a estar acordado entre alumnos y la comunidad toda”, sostuvo.
En ese sentido, aclaró que las medidas podrán variar según cada institución y estarán vinculadas tanto a la reiteración de conductas como a la gravedad de los hechos que afecten la convivencia escolar.
Los docentes también estarán alcanzados
La regulación también involucra al personal docente, aunque Di Sarli aclaró que existen situaciones específicas vinculadas al trabajo cotidiano, como la carga de asistencia mediante herramientas digitales.
“El docente tiene un uso que está vinculado, por ejemplo, al sistema de asistencia. Toma asistencia, la carga y después guarda el celular”, explicó.
No obstante, recordó que ya existe normativa previa que establece las responsabilidades de los docentes durante el dictado de clases.
“No necesitamos la ley para eso. El docente en clase tiene que cumplir con el dictado de la misma y no puede estar mirando el celular”, afirmó.
La subsecretaria señaló que el desafío principal no es eliminar el uso de la tecnología, sino formar estudiantes capaces de utilizarla de manera responsable y crítica.
En ese marco, destacó que las escuelas ya cuentan con filtros de navegación y sistemas de control sobre las conexiones a internet disponibles dentro de los establecimientos.
También advirtió sobre riesgos asociados al uso de redes sociales y plataformas digitales, como el grooming, el acoso y la difusión de información falsa. “Nosotros necesitamos no que los chicos no usen el celular, sino que tengan una mirada crítica”, expresó.
Finalmente, Di Sarli consideró que la nueva legislación viene a complementar un proceso que ya estaba en marcha dentro del sistema educativo provincial. “La ley colabora, lo pone en la agenda pública y eso está buenísimo, pero ya se venía trabajando”, concluyó.
