La Legislatura de Chubut aprobó la ley que restringe el uso de teléfonos celulares en las aulas de todos los establecimientos educativos públicos y privados de la provincia. Sin embargo, más allá del debate sobre los beneficios y cuestionamientos de la medida, surge una pregunta central: ¿cómo se aplicará en la práctica?
Según el texto aprobado, queda prohibido el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos de comunicación personal durante el dictado de clases. La medida alcanza a todos los establecimientos educativos de gestión pública y privada de Chubut.
En los niveles Inicial y Primario la prohibición será estricta tanto para los alumnos como para el personal docente, con el objetivo de promover espacios de aprendizaje libres de distracciones digitales.
En el caso del Nivel Secundario, la norma establece una excepción: los dispositivos podrán utilizarse únicamente con fines pedagógicos, siempre que exista una planificación previa y la autorización expresa del docente a cargo.
La ley también contempla situaciones especiales. Quedarán exceptuados aquellos estudiantes que, por razones de salud o condiciones específicas de aprendizaje debidamente acreditadas, requieran dispositivos tecnológicos como herramientas de apoyo, comunicación o integración.
Uno de los puntos que todavía deberá definirse es el mecanismo de control dentro de cada institución. El proyecto no establece si los teléfonos deberán permanecer guardados en mochilas, si serán retirados al ingresar al aula o qué procedimiento se aplicará ante incumplimientos.
La normativa designa al Ministerio de Educación de Chubut como autoridad de aplicación y le otorga la facultad de dictar normas complementarias y establecer sanciones administrativas. Será justamente la reglamentación la que deberá aclarar cómo actuarán directivos y docentes frente a las distintas situaciones que puedan presentarse.
El proyecto fija además que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 30 días para reglamentar la ley. Una vez publicada esa reglamentación, las disposiciones comenzarán a ser exigibles también dentro de un plazo de 30 días.
Mientras tanto, la discusión ya está instalada en las comunidades educativas. Docentes, familias y estudiantes esperan conocer los detalles de una medida que busca reducir las distracciones digitales y recuperar la atención dentro de las aulas, pero cuya implementación concreta todavía deberá definirse.
