Chubut dio un paso decisivo en el debate pedagógico más complejo de la última década: la presencia de las pantallas en los entornos de aprendizaje. Tras la sanción de la ley provincial que regula los dispositivos móviles en los establecimientos educativos, las comunidades escolares de la Patagonia iniciaron un proceso de adaptación estructural. En una entrevista con Canal 12 Web, la subsecretaria de Educación de la provincia, Adriana Di Sarli, desglosó el marco de aplicación de la norma, los desafíos de infraestructura y el rol que deberán asumir las familias en este nuevo escenario digital.
Un marco legal centrado en la pedagogía y no en el castigo
La funcionaria provincial fue categórica al definir el espíritu del texto legislativo, marcando una distancia clara con los discursos meramente prohibitivos que proliferaron en otras jurisdicciones del país. La subsecretaria de Educación aclaró el enfoque de la cartera educativa:
«La ley recientemente aprobada no busca prohibir, sino restringir el uso para darle un sentido pedagógico dentro del aula».
De acuerdo con lo expresado por la funcionaria a este medio, el Ministerio de Educación de Chubut no partió de cero para la confección de la normativa actual. La cartera realizó sugerencias técnicas directas al proyecto original redactado en la Legislatura, las cuales fueron contempladas en su totalidad. Estas modificaciones se basaron en el diagnóstico y en el trabajo previo que los equipos gubernamentales ya venían coordinando con las instituciones de la región bajo el concepto técnico de «uso razonable» de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
El despliegue de la norma discrimina de forma taxativa las realidades de las infancias y las adolescencias según sus respectivas etapas de desarrollo cognitivo. Di Sarli analizó la segmentación del criterio ministerial:
«En el nivel inicial y el primer ciclo de la primaria el uso no es necesario, salvo en casos excepcionales por cuestiones de salud».
Por el contrario, la funcionaria detalló que para los trayectos del nivel secundario la meta es radicalmente distinta, ya que allí el objetivo prioritario es que el dispositivo electrónico se reconvierta y se consolide exclusivamente como «una herramienta útil para resolver actividades de aprendizaje» planificadas por el cuerpo docente.
Corresponsabilidad familiar y el uso de redes sociales
Para el Ministerio de Educación, la problemática del consumo digital excesivo excede los muros de la escuela y requiere un pacto social con los tutores de los menores.
Al respecto, la funcionaria enfatizó con firmeza que «la adquisición del celular es una decisión familiar, por lo que la escuela no es la única responsable» del comportamiento de los jóvenes frente a las pantallas. Para robustecer este proceso de transición, Di Sarli adelantó que se están promoviendo de manera activa charlas dictadas por equipos técnicos especializados, orientadas tanto a estudiantes como a padres, enfocadas en el uso responsable de las redes sociales.
Asimismo, confirmaron que desde la cartera educativa ya se bajó un documento específico y de cumplimiento obligatorio a todas las escuelas del territorio chubutense, el cual pauta directrices estrictas sobre el uso del sistema de WhatsApp institucional en aquellos grupos integrados por alumnos y adultos.
Cajas, mochilas y llaves: la autonomía para la implementación práctica
Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre en la comunidad educativa es la operativización diaria de la norma. Lejos de imponer un protocolo único y rígido para realidades geográficas y edilicias tan dispares como las que conviven en Chubut, el Ejecutivo optó por respetar las dinámicas de cada localidad.
La subsecretaria puntualizó que existe una plena «autonomía de la comunidad» para que cada escuela construya su propia forma de efectivizar la restricción según su realidad cotidiana. El relevamiento inicial del ministerio demuestra que conviven tres métodos principales de resguardo en la provincia:
- Sistemas de seguridad: Algunas instituciones optan directamente por resguardar los equipos tecnológicos en un espacio físico unificado y cerrado con llave al inicio de la jornada.
- Dispositivos de ingreso: Otras escuelas utilizan una caja o canasta colectiva ubicada en la puerta de entrada del aula.
- Permanencia pasiva: En un tercer grupo de colegios, se acordó que los estudiantes mantengan los celulares apagados dentro de sus mochilas hasta el momento exacto en que el docente indique expresamente su uso con fines didácticos.
El factor de la infraestructura y el valor económico de los teléfonos móviles no quedaron fuera del análisis gubernamental. Di Sarli advirtió de manera explícita que, durante el diseño del reglamento interno, «la escuela debe considerar la seguridad de los equipos, ya que no puede hacerse cargo si algún dispositivo falta». Esta cláusula obliga a los equipos directivos a confeccionar actas de responsabilidad muy precisas junto a los padres de los alumnos.
El ejemplo de los docentes y el fin definitivo de las amonestaciones
La medida regulatoria posee un carácter integral y alcanza de forma directa a los trabajadores de la educación que se desempeñan frente al curso. El Ministerio de Educación entiende que las pautas de convivencia dentro de las aulas se construyen de manera simétrica y a través del modelado de conducta.
Al ser consultada sobre este aspecto, la funcionaria provincial manifestó un posicionamiento claro:
«El docente tiene una responsabilidad de ejemplo; si se exige que los alumnos no lo usen, la lógica es que el docente tampoco lo haga».
La única excepción técnica contemplada para el personal docente será la utilización del celular para tareas administrativas impostergables y de carácter breve, tales como la carga de datos en el sistema digital de asistencia y presentismo provincial.Finalmente, el abordaje de las sanciones ante transgresiones a la norma implicará un cambio de paradigma cultural en las aulas chubutenses. En sintonía con las normativas nacionales vigentes, Di Sarli recordó que en el territorio «ya no existen las amonestaciones». Por lo tanto, ante cualquier escenario de incumplimiento reiterado de la restricción de pantallas, los colegios deberán aplicar de manera taxativa sus respectivos Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC), priorizando siempre «una construcción comunitaria de responsabilidad» y la reflexión pedagógica por sobre las medidas puramente punitivas.
