El Gobierno nacional avanzó en la implementación de la reforma laboral y oficializó la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema que busca modificar la forma en que los empleadores afrontan los costos derivados de desvinculaciones laborales y otras obligaciones previstas por la legislación vigente.
La medida fue publicada durante la madrugada en el Boletín Oficial y establece los detalles operativos del sistema, que comenzará a funcionar a partir del 1 de noviembre, despejando así una de las principales dudas que existían sobre su entrada en vigencia.
¿Qué es el Fondo de Asistencia Laboral?
El FAL fue incorporado mediante la Ley de Modernización Laboral y está destinado exclusivamente a empleadores del sector privado, con excepción de aquellos regímenes laborales expresamente excluidos por la normativa y del empleo público.
La iniciativa obliga a las empresas a constituir una cuenta individual dentro de un fondo común de inversión o fideicomiso financiero autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), donde se depositarán aportes destinados a cubrir futuras obligaciones laborales.
El objetivo es contar con recursos previamente acumulados para afrontar indemnizaciones u otras compensaciones laborales cuando finalice una relación de trabajo.
Cómo funcionará el sistema
Según la reglamentación, cada empleador deberá elegir una entidad habilitada por la CNV y abrir una cuenta específica identificada mediante un código único denominado “ID FAL”.
A partir de allí, los aportes serán canalizados a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que integrará el sistema dentro de la declaración unificada de la seguridad social.
En caso de que una empresa no informe el fondo elegido dentro del plazo previsto, la CNV podrá asignar de oficio una entidad administradora, garantizando la continuidad operativa del esquema.
Además, las contribuciones realizadas tendrán beneficios fiscales:
- Serán deducibles del Impuesto a las Ganancias.
- Permitirán reducir en igual medida las contribuciones patronales destinadas a la seguridad social, salvo en situaciones específicas contempladas por la normativa.
Quiénes estarán cubiertos
La cobertura alcanzará únicamente a los trabajadores que hayan sido correctamente registrados y cuenten con una antigüedad mínima de 12 meses previos a la finalización de la relación laboral.
El decreto establece que los fondos deberán cumplir criterios de:
- Suficiencia financiera.
- Liquidez.
- Diversificación de inversiones.
Asimismo, la autoridad de aplicación revisará periódicamente estos parámetros para garantizar que existan recursos suficientes incluso ante escenarios de crisis o despidos masivos.
Cómo se pagarán las indemnizaciones
Cuando se produzca una desvinculación laboral alcanzada por el régimen, el empleador deberá presentar una declaración jurada electrónica.
Luego, la entidad administradora verificará la información del trabajador y realizará la transferencia correspondiente directamente a su cuenta bancaria.
El pago deberá concretarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la validación de los datos.
No obstante, el decreto aclara que la responsabilidad sobre el cálculo correcto de la indemnización seguirá siendo exclusivamente del empleador.
Fondos portables y sanciones por incumplimientos
La reglamentación también contempla mecanismos para trasladar recursos entre distintas entidades administradoras, permitiendo la portabilidad de los fondos.
Asimismo, se establecen procedimientos específicos para casos de reorganización empresarial, transferencia de establecimientos o cesión de personal.
En cuanto a los incumplimientos, el decreto prevé:
- Multas económicas para los empleadores que no realicen los aportes obligatorios.
- Posibilidad de ejecución fiscal por parte de ARCA.
- Destino de los fondos recaudados por sanciones a los subsistemas de la seguridad social.
Además, las cuentas vinculadas al FAL estarán exentas del impuesto a los créditos y débitos bancarios, mientras que el intercambio de información entre organismos deberá respetar estrictos criterios de confidencialidad y seguridad.
