La ofensiva judicial contra la reforma laboral establecida por la Ley 27.802 continúa creciendo en los tribunales laborales. A la medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que logró la suspensión provisoria de 82 artículos de la norma, se suman nuevas acciones judiciales promovidas por sindicatos de distintos sectores.
Uno de los gremios que decidió avanzar en los tribunales es el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuyo secretario general, Raúl Durdos, presentó un recurso de amparo contra la ley de modernización laboral.
Desde el sindicato informaron que “Raúl Durdos ha presentado un amparo en defensa de los derechos de todos los compañeros marítimos”, el cual ya tramita ante la Justicia laboral.
La acción judicial tiene como objetivo frenar la aplicación de la Ley 27.802, ya que desde el gremio consideran que varios de sus artículos vulneran derechos laborales colectivos e individuales garantizados por la Constitución Nacional.
Entre los principales cuestionamientos, el SOMU señala las limitaciones al derecho de huelga y las restricciones a las medidas de acción directa, que —según sostienen— contradicen lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución, el artículo 75 inciso 22, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley 25.877.
Otro de los puntos centrales del amparo está vinculado con los cambios en el sistema de negociación colectiva. Desde el sindicato advierten que la norma promueve acuerdos por empresa e incluso negociaciones individuales entre trabajadores y empleadores en aspectos sensibles como vacaciones, bancos de horas y esquemas salariales dinámicos.
Para el gremio marítimo, este mecanismo debilita el rol de los sindicatos y restringe la representación colectiva de los trabajadores, una de las bases del sistema laboral argentino.
Asimismo, el SOMU cuestionó la modificación del régimen de ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, el principio por el cual los acuerdos laborales continúan vigentes hasta que se firme uno nuevo. Según argumentaron, el cambio podría dejar a trabajadores y sindicatos sin protección en determinados contextos de negociación.
En su presentación judicial, el sindicato solicitó además una medida cautelar de no innovar, con el objetivo de suspender la aplicación de los artículos cuestionados hasta que se resuelva el fondo de la causa. El pedido incluye la protección de la libertad sindical, el derecho de huelga, el derecho de reunión y la negociación colectiva.
La judicialización de la reforma laboral no se limita al SOMU. En el ámbito del sector marítimo y pesquero, varios sindicatos ya iniciaron acciones similares.
El Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) fue uno de los primeros en recurrir a la Justicia Federal, impugnando los artículos 1, 101 y 137 de la ley, que —según el gremio— excluyen al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo.
Posteriormente, el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) también presentó un recurso judicial con el objetivo de evitar que la nueva normativa se aplique a los trabajadores del sector náutico.
