A partir de las recientes fiscalizaciones y resoluciones emitidas por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) en localidades como Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, se ha vuelto fundamental para las familias beneficiarias conocer en detalle el marco regulatorio que rige sobre las unidades habitacionales entregadas por el Estado provincial.
Contar con el techo propio a través de los planes del IPV implica no sólo un derecho consolidado, sino también una serie de obligaciones legales estrictas que el organismo provincial audita de manera regular para asegurar el correcto destino de los recursos públicos. Con el objetivo de esclarecer dudas recurrentes, la redacción de este portal web realizó un relevamiento sobre las normativas vigentes y los requisitos indispensables que todo adjudicatario en el Chubut debe cumplimentar de forma obligatoria.
La obligación de habitar la unidad y la prohibición de alquilar
Una de las consultas más frecuentes entre los nuevos propietarios radica en el uso inmediato del inmueble y la posibilidad de generar ingresos a través de contratos de locación. La normativa oficial de la provincia de Chubut es tajante respecto a la función social de estas construcciones.
Al responder al interrogante sobre si se debe ocupar la vivienda, el instructivo del organismo determina un rotundo: “SI. Todas las viviendas FONAVI DEBEN ser ocupadas en forma permanente, por el grupo familiar declarado en la ficha de demanda de la vivienda”. La residencia efectiva es el principal parámetro que evalúan los inspectores en los operativos territoriales.
En sintonía con este principio de necesidad habitacional, la comercialización informal o el usufructo económico de las propiedades está severamente penalizado. Ante la pregunta de si es posible alquilar la vivienda, el IPV establece: “NO. Bajo ninguna circunstancia las viviendas FONAVI pueden ser alquiladas, salvo que las mismas se encuentren CANCELADAS en su totalidad”. De este modo, cualquier intento de poner en alquiler un inmueble social con cuotas pendientes de amortización puede derivar en la revocación inmediata de la adjudicación.
Excepciones autorizadas para la ausencia temporal
El marco regulatorio contempla que las familias pueden atravesar imprevistos o situaciones de fuerza mayor que los obliguen a distanciarse de su lugar de residencia habitual. Sin embargo, para evitar sanciones por desocupación, estos escenarios deben notificarse y aprobarse mediante canales administrativos formales.
Al respecto de en qué circunstancias el Instituto autoriza a no ocupar las viviendas, la reglamentación estipula que se concede “por razones de salud en las cuales un integrante del grupo familiar deba trasladarse, para su atención a centros de alta complejidad, fuera de la Ciudad de residencia. También por traslado laboral”. En ambos casos, las autoridades aclaran expresamente que “ambos motivos deben ser debidamente acreditados y cumplimentar con la documentación requerida a fin de emitir el acto resolutivo que corresponda, autorizando la ausencia de la vivienda”.
Por otra parte, el IPV promueve la participación comunitaria para detectar irregularidades en los barrios de la periferia y los nuevos desarrollos urbanísticos. Al ser consultado sobre qué sucede si un vecino tiene conocimiento de que una vivienda se encuentra ocupada por un grupo familiar que no es el titular o se encuentra desocupada, el organismo indica que el ciudadano “debe comunicarse con la sede más cercana de este Instituto a fin de informar la irregularidad, ya sea en forma personal, telefónica o a través de en nuestra página web”.
Una vez que es “recepcionada la inquietud se procede a verificar si la vivienda no se encuentra cancelada. Nuestro personal concurre a verificar la falta de ocupación y de corresponder se inicia la acción administrativa”.
Plazos y restricciones para permutas o transferencias
La dinámica familiar o los cambios de localidad dentro de la Patagonia a menudo generan la necesidad de modificar el lugar de residencia. El IPV permite estas modificaciones, pero bajo rigurosos filtros temporales y financieros que impiden la especulación inmobiliaria.
Para quienes desean saber si pueden cambiar su vivienda por otra, la entidad confirma que “SI. El Instituto autoriza las permutas de viviendas FONAVI, dentro de la Provincia, las cuales formaliza mediante una Resolución, previa presentación de la documentación que se solicita, por parte de ambos adjudicatarios”. No obstante, se introduce un límite temporal estricto para las adjudicaciones recientes: “Si las viviendas correspondieran a las entregadas a partir del año 2014, las mismas NO pueden ser permutadas hasta transcurridos los 10 años desde la fecha de entrega”.
Un criterio similar se aplica a las transferencias de titularidad hacia terceros. El manual del IPV detalla que “las viviendas FONAVI pueden ser transferidas a grupos familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Permanente de este Instituto. Así mismo se deberá presentar la documentación requerida para este tipo de tramites”.
Asimismo, se recuerda que “por Resolución 170/2018, NO DEBE POSEER DEUDA, es decir, debe contar con el Certificado de Cancelación correspondiente”. En concordancia con las permutas, “las viviendas entregadas a partir del año 2014 NO pueden ser transferidas hasta transcurridos 10 años desde la fecha de entrega”. Además, es un dato clave para el futuro familiar saber que “al transferir una vivienda, NO PODRÁN VOLVER A ACCEDER A OTRA UNIDAD, SALVO QUE ACREDITEN FEHACIENTEMENTE LA CONFORMACIÓN DE OTRO GRUPO FAMILIAR”.
Protocolos ante fallecimientos o disolución de la sociedad conyugal
Los cambios en la estructura civil del grupo familiar original también obligan a realizar trámites de regularización dominial ante el Instituto para evitar vacíos legales o la pérdida de derechos sobre el inmueble.
En el sensible escenario de qué sucede si fallece el titular de la vivienda, el protocolo del IPV fija que “quienes consideren tener derechos sobre la vivienda y a fin de ser tomados como titulares de la misma deberán presentar declaratoria de herederos a fin de cambiar la titularidad de la unidad”. Un dato financiero crucial para la economía del hogar es que “se debe continuar con el pago de las cuotas de amortización ya que las viviendas FONAVI no cuentan con seguro de vida”.
Finalmente, ante los casos de separaciones o divorcios de los beneficiarios declarados en la ficha social, el organismo especifica los pasos a seguir según la condición legal de la pareja. Para los matrimonios formales “se debe presentar sentencia de divorcio con homologación judicial del acuerdo al que arribaron las partes con respecto al bien”.
En contraposición, para aquellas uniones de hecho o concubinatos, la regla establece que “si no fueran casados legalmente, es decir se tratara de una relación de hecho debe existir renuncia de un titular a favor del otro con firma certificada ante Escribano Publico”. Desde las oficinas del IPV recordaron de forma generalizada que “en todos los casos existe documentación que se deberá presentar a fin de dar lugar a los trámites solicitados” para resguardar la legalidad de la propiedad.
