El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) de Chubut confirmó a Canal 12 la disposición de una medida de fuerte impacto administrativo y legal en el sector habitacional de la zona del valle. A través de un acto oficial, el organismo provincial revocó la adjudicación de una casa construida en Trelew, en la calle Maipú del Barrio “26 viviendas – SETIA” entregada en el año 2021 porque la beneficiaria no sólo nunca la ocupó, sino que además la vendió de forma irregular.
La determinación expone los mecanismos de control que el Estado provincial viene implementando sobre el destino de los complejos habitacionales financiados con fondos públicos en la Patagonia. Tras la detección de la maniobra comercial no autorizada, las autoridades ahora evalúan los pasos legales a seguir con la familia que adquirió la propiedad de manera informal, en un contexto regional donde la demanda de soluciones habitacionales mantiene niveles elevados.
La medida se determinó a través de la Resolución Nº 204/2026 firmada por el Gerente General del Instituto, Ing. Alejandro Asensio y fue publicada en el Boletín Oficial Nº 14855 del jueves 21 de mayo, según los datos del expediente a los que tuvo acceso este medio.
Sanciones y la situación de los compradores
El dictamen del organismo de la vivienda no se limitó únicamente a la quita del inmueble adjudicado hace cinco años en la localidad valletana. El Instituto Provincial de la Vivienda revocó la adjudicación de una casa entregada en Trelew en el 2021 porque la beneficiaria original la vendió a otras personas. También resolvió que quedan impedidos de acceder en el futuro como adjudicatarios y/o beneficiarios de operatorias ejecutadas a través del IPV. De esta manera, la persona sancionada queda excluida del sistema de asistencia habitacional de Chubut de manera permanente.
La resolución abre un escenario de incertidumbre para el núcleo familiar que actualmente reside en el domicilio del barrio del Sindicato de Empleados de Textiles de la Industria y Afines (SETIA). Según confirmaron fuentes oficiales del IPV a la redacción de Canal 12, el procedimiento formal determinó la quita de los derechos de la adjudicataria original, pero «ahora resta resolver la situación de la familia que compró la unidad habitacional sin avisar al IPV». Los equipos técnicos y legales del área social deberán auditar la condición socioeconómica de los actuales ocupantes para dictaminar si corresponde el desalojo o una regularización bajo parámetros específicos.
Normativa vigente sobre las transferencias de inmuebles públicos
El caso registrado en la calle Maipú de Trelew reavivó el debate sobre las condiciones legales en las que el Estado entrega las soluciones habitacionales y las restricciones vigentes para evitar la especulación inmobiliaria con planes sociales. Desde el sector jurídico del IPV recordaron que las viviendas del IPV no pueden venderse si no están canceladas y siempre con autorización previa del organismo.
Ante la proliferación de ofertas informales y consultas sobre traspasos de carpetas de adjudicación en distintas localidades de la provincia, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano emitió un comunicado mediante el cual aclaró a la comunidad, y específicamente a los adjudicatarios, que las viviendas no podrán ser transferidas, salvo que se haya cancelado el crédito hipotecario, y las permutas sólo serán viables luego de 10 años de adjudicación como mínimo y previa autorización del organismo.
El marco regulatorio busca garantizar que los recursos habitacionales e inversiones edilicias provinciales se destinen de forma prioritaria a las familias que efectivamente carecen de un techo propio y cumplen con el proceso de inscripción y puntaje en los padrones oficiales del Chubut. Los operativos de control de habitabilidad continuarán desarrollándose de forma regular en los distintos barrios entregados en la región para verificar que las unidades permanezcan ocupadas por sus titulares originales.
