El Gobierno de Santa Cruz trabaja en un nuevo esquema de administración pesquera que establecerá que las empresas deberán procesar merluza en plantas locales para poder acceder a las cuotas de captura otorgadas por la provincia.
La medida forma parte de un régimen pesquero con vigencia de diez años que busca otorgar previsibilidad al sector y, al mismo tiempo, fortalecer la actividad industrial y laboral en territorio santacruceño.
El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, confirmó que el acceso a las cuotas estará directamente vinculado a la generación de trabajo registrado y al procesamiento en tierra de la materia prima.
“Buscamos que las empresas que trabajan en la provincia, que tienen plantas habilitadas con trabajo registrado, puedan acceder a una cuota de merluza”, sostuvo el funcionario en declaraciones a LU14 Radio Provincia.
Descarga obligatoria en puertos santacruceños
El esquema que impulsa el Ejecutivo provincial apunta a que las empresas beneficiadas articulen con las flotas pesqueras para garantizar que las capturas sean descargadas en puertos de Santa Cruz y procesadas en establecimientos locales.
Según detalló Klimenko, la provincia dispone este año de 17.760 toneladas, equivalentes al 4,80% del stock sur de la captura máxima permisible asignada por Nación.
El objetivo oficial es que ese recurso tenga impacto directo sobre el empleo y la actividad económica provincial.
Costos y situación del sector
Durante las negociaciones con cámaras empresarias, uno de los puntos analizados fue la situación económica que atraviesa la actividad pesquera, particularmente por el aumento de costos operativos.
“El valor del combustible se fue por las nubes por la guerra y eso generó que hoy muchos trabajen a pérdida”, explicó Klimenko.
El funcionario indicó que el Gobierno busca construir un esquema que permita sostener la actividad sin afectar la rentabilidad de las empresas ni la continuidad laboral.
Posible contraprestación social
Dentro del proyecto también se analiza la posibilidad de incorporar una contraprestación social para las firmas que accedan a las cuotas.
La propuesta contempla que las plantas beneficiadas aporten semanalmente 300 cajones de merluza fresca destinados a programas sociales de la provincia, aunque todavía se encuentra bajo evaluación técnica y legal.
La próxima reunión entre funcionarios provinciales y representantes del sector pesquero se realizará el 26 de mayo en Casa Santa Cruz, en Buenos Aires.
Allí se buscará avanzar en la definición final del sistema de asignación y cuantificación de cuotas, con la expectativa de que el decreto pueda quedar listo durante las próximas semanas.
