La cooperativa de servicios de Puerto Madryn, Servicoop, reforzó los controles sobre conexiones irregulares y detectó en los últimos días 50 conexiones clandestinas en distintos sectores de la ciudad. El dato volvió a poner sobre la mesa una problemática que, según remarcaron desde la compañía, “atraviesa todos los niveles sociales”.
Rodrigo Tapia, integrante del área de prensa de la cooperativa, explicó este lunes en la mañana de FM Del Viento que los procedimientos antifraude forman parte de una política permanente y coordinada entre distintas áreas técnicas, administrativas, la Policía y la Fiscalía.
“Cuando nosotros empezamos a hablar de clandestino, habitualmente hay un preconcepto sobre determinados lugares o determinadas situaciones socioeconómicas. Pero la realidad es que la detección del clandestino es transversal a la situación económica y se produce a lo largo y a lo ancho de la ciudad”, sostuvo.
Indicó que algunas conexiones ilegales son visibles a simple vista, mientras que otras requieren inspecciones técnicas más complejas. En ciertos casos se detectan conexiones directas a la red eléctrica y en otros maniobras conocidas como “puenteo” de medidores para alterar el consumo registrado.
Operativos mensuales y denuncias vecinales
Tapia indicó que actualmente la cooperativa realiza entre cuatro y cinco operativos mensuales, además de otros procedimientos vinculados a la regularización de propiedades horizontales o viviendas que abastecen varias unidades habitacionales con un solo medidor.
Los controles cuentan con acompañamiento policial preventivo y participación de la Fiscalía, ya que el hurto de energía está tipificado en el Código Penal.
“Cuando detectamos conexiones clandestinas reincidentes, le damos intervención a la Fiscalía. Además de las consecuencias administrativas dentro de la cooperativa, existen consecuencias penales”, explicó.
Uno de los datos que más sorprendió tras el último operativo fue el nivel de regularización posterior. De las 50 conexiones detectadas, alrededor de 45 personas iniciaron los trámites para asociarse y normalizar el servicio.
“Antes ese porcentaje rondaba el 20 o 30 por ciento. Hoy estamos hablando de cerca del 80% de personas que se regularizan luego de los operativos antifraude”, destacó.
Riesgo de incendios y sobrecarga eléctrica
Desde la cooperativa remarcaron además que las conexiones ilegales suelen carecer de elementos básicos de seguridad eléctrica, lo que incrementa considerablemente el riesgo de incendios.
“La mayor parte de los incendios se generan por conexiones eléctricas deficientes clandestinas”, afirmó Tapia.
En ese sentido, explicó que muchas instalaciones irregulares no cuentan con fusibles, térmicas, disyuntores ni jabalinas, dejando expuestas a las familias a posibles descargas eléctricas o incendios dentro de las viviendas.
Además, las conexiones clandestinas generan una demanda no registrada que puede afectar el funcionamiento general de la red.
“Cuando uno planifica las obras lo hace en función de datos concretos. La clandestinidad no es un dato concreto y eso puede provocar caídas de tensión que afectan a los vecinos que sí están regularizados”, advirtió.
Pérdidas económicas
Aunque resulta difícil calcular con precisión el impacto económico total del robo de energía, desde la cooperativa estiman que las pérdidas no técnicas del sistema rondan entre el 8% y el 10% del total.
Tapia también valoró el rol de los vecinos, quienes realizan denuncias anónimas mediante un canal de WhatsApp habilitado por la entidad: 2804977100.
“Hay un sector muy importante de la población que colabora con la cooperativa para que las situaciones se normalicen y regularicen”, señaló.
Finalmente, destacó que el objetivo principal de estos controles no es únicamente sancionar, sino avanzar hacia un servicio eléctrico más seguro, estable y equitativo para toda la comunidad.
