El Gobierno nacional, a través de la Resolución 439/2026 firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, oficializó este jueves una nueva prórroga de la emergencia penitenciaria federal. La medida tendrá una vigencia de 24 meses y responde a la crítica situación de saturación que atraviesan las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde la infraestructura actual resulta insuficiente para la cantidad de internos alojados.
El colapso del sistema en números
Según datos oficiales, el sistema registra una población de 12.248 personas, lo que representa un excedente del 6% por sobre la capacidad operativa máxima, establecida en 10.932 plazas. Este escenario de emergencia penitenciaria federal se ve agravado por una presión constante de ingresos: entre fines de 2023 y marzo de 2026, se contabilizaron más de 15.000 nuevos detenidos.
Un dato alarmante del informe técnico es la existencia de 5.073 personas bajo arresto que actualmente aguardan una vacante para ser trasladadas a unidades federales, lo que evidencia una demanda contenida que el sistema no puede absorber en el corto plazo.
Causas de la emergencia penitenciaria federal
Desde el Poder Ejecutivo subrayaron que uno de los factores determinantes del colapso es el retraso en el traspaso de la Justicia Penal Ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la actualidad, el SPF debe custodiar a 5.983 detenidos vinculados a causas ordinarias porteñas, cifra que representa casi la mitad del total de la población carcelaria federal.
En cuanto a la situación procesal de los internos, la composición del sistema muestra que:
- El 61,83% cuenta con condena firme.
- El 38,17% restante permanece bajo proceso judicial sin sentencia definitiva.
Antecedentes y situación actual
La prórroga por dos años busca brindar herramientas administrativas para gestionar la crisis de infraestructura y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad en un contexto de hacinamiento. La resolución destaca que la falta de plazas disponibles obliga a mantener detenidos en dependencias que no están diseñadas para estancias prolongadas, afectando la operatividad de las fuerzas de seguridad.
Con esta extensión, el Ministerio de Seguridad espera avanzar en planes de readecuación y posibles ampliaciones, mientras persiste el debate por el traslado de los detenidos de la órbita porteña para descomprimir las unidades nacionales.
