La Justicia finalmente dictó penas de cumplimiento efectivo para los responsables del doble crimen de Federico Lomeña y Héctor Nehemías “Pato” López, asesinados en diciembre de 2018 en Puerto Madryn.
La jueza Stella Eizmendi dio a conocer este jueves la resolución del juicio abreviado acordado entre la fiscalía y los imputados, en el marco de una investigación encabezada por la fiscal Silvana Salazar.
El acuerdo permitió evitar un juicio oral extenso luego de que los acusados reconocieran su responsabilidad penal en los hechos.

Las condenas más altas fueron para Aaron Sepúlveda, quien recibió 10 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que Genaro Carrizo Artiles y Nicolás Valencia fueron condenados a 10 años de cárcel efectiva.
Además, Nalib Zajur y Giulio De Cecco recibieron penas de 6 años de prisión por encubrimiento. En la causa también estuvo involucrado B.B., quien era menor de edad al momento de los homicidios.
Según quedó establecido judicialmente, una vez que la sentencia quede firme, algo que ocurrirá dentro de 20 días si no se presentan impugnaciones, los condenados serán trasladados a unidades penitenciarias para comenzar a cumplir las penas.
La resolución contó además con el acompañamiento de familiares de las víctimas, quienes prestaron conformidad al acuerdo alcanzado.

Un caso macabro
La causa investigó los asesinatos ocurridos con apenas cuatro días de diferencia y vinculados entre sí. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la investigación, el 6 de diciembre de 2018, Federico Lomeña, de 27 años, fue atacado dentro de una vivienda ubicada sobre calle Berwin al 240.
Allí sufrió golpes y heridas de arma blanca que afectaron órganos vitales. Tras el crimen, su cuerpo fue trasladado y enterrado en la zona de Playa Paraná.
Días después, el 10 de diciembre, Héctor Nehemías “Pato” López, de 25 años, fue convocado al mismo domicilio, donde habría sido atacado mediante golpes y maniobras de sofocación que le provocaron la muerte. Posteriormente, su cuerpo fue ocultado y enterrado en el sector del Parque Ecológico El Doradillo.

El expediente tuvo además un complejo recorrido judicial que demoró durante años la resolución definitiva. En un primer momento, la causa avanzó en la Justicia provincial, aunque luego fue absorbida por la Justicia Federal ante la sospecha de una posible conexión con delitos de narcotráfico.
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal terminó declarándose incompetente y el caso regresó nuevamente al ámbito provincial, donde finalmente pudo avanzar hacia una resolución.














