El Gobierno nacional detectó presuntos “desvíos críticos y sobreprecios” en compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025. Un informe interno del Ministerio de Salud, actualmente en manos de la Justicia, reveló diferencias millonarias entre los montos abonados por el Estado y los valores de referencia de mercado en la adquisición de sillas de ruedas, andadores, prótesis e insumos médicos.
Según el documento firmado por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud el 10 de abril, las diferencias observadas oscilan entre el 300% y el 1.000%, aunque en algunos casos superan el 2.000%. El caso más extremo detectado fue el de un andador, cuya compra presentó una diferencia del 4239% respecto del valor de referencia para un equipo de características idénticas.
“El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”, señala el informe oficial. El relevamiento incluyó 37 facturas emitidas por seis proveedores que recibieron pagos por un total de $18.100 millones.
Entre las operaciones observadas figura la compra de un sistema de “válvulas bicaval transcatéter”, utilizado para corregir el funcionamiento de válvulas cardíacas. El informe indica que el 8 de julio de 2025 una contratista de Andis cobró $425 millones por ese insumo, mientras que el PAMI había pagado por el mismo producto $124,2 millones en marzo del mismo año. La diferencia fue del 242%.
El documento también pone el foco sobre compras de sillas de ruedas. Una factura de la firma Artrobone, emitida el 9 de octubre del año pasado para un paciente de Córdoba, registró un valor de $19 millones, cuando el “precio de referencia nacional” informado era de $1.279.999. Situaciones similares fueron detectadas en operaciones realizadas por Bymax Medical y otras firmas proveedoras.
El informe oficial describe algunos de estos casos como “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”. En relación con Cirugía y Ortopedia Imnova, cuestionó que el uso de determinados componentes importados “no representa una ventaja necesaria ni terapéutica, que valide semejante erogación del Tesoro Nacional”.
La investigación también apunta al funcionamiento del Siipfis, el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, utilizado para agilizar procesos de compra. Según la hipótesis fiscal, el mecanismo habría sido vulnerado mediante la selección previa de empresas invitadas a participar de las compulsas de precios, simulando competencia entre proveedores vinculados entre sí.
“Lejos de constituir una garantía de transparencia, terminó funcionando como una herramienta que, bajo la fachada de imparcialidad y automatismo, permitió el despliegue de maniobras orientadas a beneficiar a determinados proveedores de manera ilícita y orquestada”, sostuvo el fiscal Picardi en uno de sus dictámenes.
En la causa ya fueron llamadas a indagatoria 49 personas. Entre ellas aparece Osmar Mariano Caballi, socio mayoritario de Farma Salud y exdirector general de Andis durante el gobierno de Alberto Fernández. Farma Salud fue la empresa que más fondos recibió, con pagos por $7900 millones. También están involucrados funcionarios, operadores externos y proveedores vinculados al área de salud.
La estrategia de varios de los acusados consiste en solicitar la nulidad de la causa y cuestionar el origen de las grabaciones que dieron inicio a la investigación, en las que se habla de un presunto sistema de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Por pedido de la Cámara Federal, el juez Ariel Lijo ordenó realizar peritajes sobre esos audios a fines de abril.
