La Justicia Federal avanza sobre una presunta red de corrupción enquistada en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El fiscal Franco Picardi solicitó una nueva ronda de indagatorias para Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, junto a otras 27 personas, tras detectar maniobras ilícitas que habrían desviado más de 75.000 millones de pesos del erario público entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Una estructura organizada para el fraude
Según la investigación fiscal, existió una organización articulada entre funcionarios públicos y empresarios del rubro médico para direccionar contrataciones y favorecer a un grupo selecto de proveedores. La maniobra consistía en inflar precios a través del sistema especial de compras para insumos de alto costo, afectando directamente los fondos destinados al Programa Federal «Incluir Salud».
Spagnuolo, quien fuera la máxima autoridad de la Andis durante el periodo investigado, ya se encuentra procesado por fraude al Estado, cohecho activo y negociaciones incompatibles. Se lo señala como uno de los jefes de una «asociación ilícita» que utilizaba el organismo como una ventanilla de beneficios discrecionales.
El sistema de compras bajo la lupa
El foco de la acusación reside en el Siipfis (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones). El fiscal Picardi sostiene que este sistema fue manipulado para simular competencia entre empresas. Incluso, se detectó que funcionarios habrían cedido sus claves de usuario a empresarios externos para que estos operaran directamente dentro del mecanismo de la Agencia.
«Conformaron una estructura delictiva que les permitió obtener sumas millonarias de forma ilegal, afectando a la población con discapacidad y personas sin otra cobertura médica», detalla el dictamen fiscal.
Nuevos imputados y el curso de la causa
La fiscalía solicitó la indagatoria de 24 nuevas personas, entre las que figuran apellidos vinculados a diversas firmas comerciales. La investigación determinó que más de 20 empresarios y 30 firmas formaron parte de este entramado que operaba por fuera de los principios de transparencia y control estatal.
La causa, que actualmente tramita en el juzgado de Ariel Lijo, se originó tras la filtración de audios que sugerían un esquema de recaudación ilegal. A pesar de los pedidos de nulidad por parte de las defensas, la fiscalía sostiene que la prueba recolectada en estos siete meses de investigación es independiente de aquellas grabaciones y ratifica la existencia de una defraudación millonaria contra la administración pública.
