Un masivo operativo internacional contra la explotación sexual de niños y adolescentes, denominado «Aliados por la Infancia VI», culminó con 84 detenidos en 15 países y 17 provincias argentinas. La investigación, coordinada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) de la Ciudad de Buenos Aires, incluyó importantes procedimientos en la provincia de Chubut, donde se identificaron tres domicilios vinculados a la red.
Allanamientos por abuso infantil en Chubut y el país
El despliegue en Argentina contó con un total de 68 allanamientos que derivaron en 26 arrestos por tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil. En la región patagónica, la Unidad de Cibercrimen del CIJ logró identificar objetivos precisos: tres en la provincia de Chubut, once en Santa Cruz y uno en Neuquén.
A nivel global, la cifra de sospechosos capturados ascendió a 84, distribuyéndose la mayoría de las detenciones fuera del país, principalmente en Brasil, donde se realizaron 159 operativos. Otros países alcanzados por la investigación fueron España, Francia, Uruguay y Estados Unidos.
Tecnología para detectar redes criminales
La identificación de los domicilios donde se ejecutaron los allanamientos por abuso infantil fue posible gracias al uso de herramientas digitales de vanguardia como ICACCOPS y CPS. Estos sistemas permiten rastrear en tiempo real a usuarios de redes P2P que distribuyen contenido ilegal.
La fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos, encomendó al CIJ el análisis de reportes remitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), lo que permitió geolocalizar los puntos de conexión en las distintas provincias.
Cooperación internacional y marcos legales
La operación surgió del trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal de CABA, la Embajada de los Estados Unidos y el US Department of Homeland Security. Gracias a este acuerdo, Argentina accedió a plataformas internacionales que facilitan la detección de criminales que operan de forma digital.
Tras los operativos, la información fue remitida a las jurisdicciones correspondientes de cada provincia para continuar con las tareas de verificación y avanzar en la situación judicial de los involucrados en cada domicilio identificado.
