El Juzgado Civil y Comercial N°4 de Mar del Plata dictó un fallo que sienta un precedente clave en materia de seguridad financiera digital. La sentencia condenó a una entidad bancaria pública a indemnizar con más de $26,7 millones a una clienta que fue víctima de una estafa de phishing, tras considerar que el banco incumplió sus obligaciones de protección y asistencia.
Cómo se produjo la estafa
El episodio se inició el 29 de julio de 2023, cuando la damnificada recibió un correo electrónico fraudulento que simulaba ser enviado por su banco. El mensaje, que incluía logotipos oficiales y advertía sobre un supuesto bloqueo de su cuenta, la indujo a ingresar sus datos en un enlace falso.
Al día siguiente, la mujer detectó que le habían sustraído $3.731.000 mediante transferencias no autorizadas dirigidas a una firma identificada como “Clara Balbín de Bastón e Hijo”. Pese a que las operaciones excedían ampliamente su límite diario y se realizaron desde direcciones IP extranjeras, el sistema de seguridad no activó alertas ni bloqueos preventivos.
El fallo: la responsabilidad es del banco
Durante el proceso, la entidad intentó atribuir la responsabilidad a la clienta por haber ingresado sus claves. Sin embargo, el juez desestimó ese argumento al considerarlo “estandarizado” y sin sustento frente a la evidencia técnica.
La pericia informática resultó determinante: confirmó que las transacciones se efectuaron en horarios inusuales y desde ubicaciones atípicas. En este marco, el magistrado sostuvo que la seguridad en el sistema bancario digital constituye una obligación de resultado, lo que implica que las entidades deben prevenir y bloquear este tipo de maniobras de forma automática.
“El riesgo tecnológico es propio de la actividad bancaria digital y no puede trasladarse al consumidor”, afirmó el juez, al remarcar que las advertencias generales no reemplazan la necesidad de respuestas eficaces en tiempo real.
Daño moral y efecto ejemplificador
Además del perjuicio económico, el tribunal reconoció el daño moral sufrido por la clienta, cuya confianza en el sistema financiero resultó afectada. También cuestionó la “actitud pasiva” del banco y su falta de colaboración durante el reclamo administrativo.
La sentencia, que ordena una indemnización superior a los $26 millones más intereses, no solo busca reparar el daño individual, sino también enviar un mensaje al sistema financiero. El fallo establece que la protección de los fondos de los usuarios es un pilar esencial del contrato bancario moderno y una responsabilidad indelegable de las entidades.
(Contiene información de Infobae).
