Una pareja imputada por múltiples estafas vinculadas a la compra-venta de automotores evitó el avance a juicio oral tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que prioriza la reparación económica a las víctimas. La resolución fue impulsada por el procurador de fiscalía Ismael Cerda y contó con el aval de los damnificados.
El entendimiento se enmarca en una salida alternativa del proceso penal y establece la devolución de vehículos, documentación clave y el pago de millonarias indemnizaciones.
Según la investigación, entre febrero y marzo de 2026 los imputados desplegaron un esquema fraudulento sistemático para ganarse la confianza de sus clientes y apropiarse de bienes sin abonar su valor.
El mecanismo incluía la realización de falsas señas en concesionarias oficiales de Buenos Aires, donde efectuaban pagos mínimos que luego eran verificados por las víctimas, generando una apariencia de legitimidad. A su vez, entregaban vehículos de menor valor —obtenidos en estafas previas— para evitar sospechas mientras prometían unidades de mayor gama.
Además, utilizaban pagarés que nunca cancelaban y formularios 08 firmados para simular operaciones legales. Una vez concretada la maniobra, los rodados eran rápidamente transferidos a terceros o escondidos para dificultar su recuperación.
A través del instituto de Suspensión de Juicio a Prueba, la pareja deberá cumplir durante tres años con estrictas condiciones para evitar el juicio oral.
Entre las principales obligaciones figura la restitución inmediata de un vehículo Volkswagen Amarok y la entrega de formularios 08 firmados correspondientes a dos VW Suran y un VW Vento.
El acuerdo también contempla compensaciones económicas significativas: el pago de $60.000.000 en cinco cuotas mensuales a una de las víctimas por una camioneta Toyota 2023; USD 22.000 en tres cuotas para otro damnificado; y $6.500.000 en dos pagos para un tercer afectado.
Asimismo, los imputados deberán presentarse dos veces por semana ante las autoridades para acreditar domicilio y cumplir con el control judicial.
Desde la Fiscalía advirtieron que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones, ya sea en los pagos o en las reglas de conducta, implicará la revocación del beneficio y el avance de la causa hacia un juicio oral y público.
