El abogado Roberto Castillo se refirió sobre el avance de la causa tras la detención de la madre y el padrastro de Ángel López, el niño de cuatro años fallecido el 5 de abril en Comodoro Rivadavia. Además, expresó su conformidad con la decisión judicial.
“Dos asesinos tienen que estar presos, tienen que estar presos durante todo el proceso penal y tienen que someterse a un juicio oral, que nosotros vamos a ir por una pena de perpetua”, afirmó en declaraciones con FM El Chubut. No obstante, consideró “irrisorio” tener que celebrar una medida que, según planteó, debería ser parte del funcionamiento normal de la Justicia.
Pedido de detención y rol como querellante
Castillo confirmó que la solicitud de detención fue realizada el mismo domingo, al considerar que existía un riesgo en que los imputados continuaran en libertad. En ese sentido, remarcó que la medida también se vinculaba con la protección de otros menores.
Además, indicó que la querella ya se constituyó formalmente en la causa y avanzó en el pedido de imputación y detención de los acusados, en representación del padre del niño.
La hipótesis de la querella
Respecto a la muerte de Ángel, el abogado fue contundente al sostener que el niño habría fallecido a raíz de los golpes recibidos. Según explicó, la hipótesis de la querella apunta a que uno de los dos adultos le provocó la lesión final que derivó en su muerte.
También señaló como llamativas ciertas conductas posteriores al hecho, como la vigilancia constante sobre la respiración del menor durante la madrugada, sin que —según indicó— existiera un antecedente que justificara esa situación.
En esa línea, mencionó que los síntomas descriptos, como dificultades para respirar o ronquidos, serían compatibles con traumatismos internos, lo que —afirmó— coincide con los primeros resultados de la autopsia.
Elementos bajo análisis
El letrado también hizo referencia a testimonios que indican que se habrían quemado pertenencias del niño, lo que consideró un dato relevante dentro de la investigación. Asimismo, cuestionó declaraciones públicas de la madre, al entender que podrían perjudicar su situación procesal.
Por otro lado, apuntó contra decisiones judiciales previas vinculadas al régimen de cuidado del menor, y señaló inconsistencias en los criterios adoptados a lo largo del proceso.
Posibles acciones y reclamo de justicia
Castillo no descartó avanzar con denuncias contra funcionarios o profesionales que hayan intervenido en el caso, aunque aclaró que esa decisión será tomada en conjunto con el padre de Ángel.
Finalmente, subrayó que el objetivo principal es acompañar a la familia en la búsqueda de justicia y evitar que el caso quede impune. “La impunidad sería un doble daño”, concluyó.
