La Legislatura del Chubut llevará adelante este miércoles 8 de abril la segunda reunión informativa de comisiones para analizar el proyecto de ley N.º 17/26, enviado por el Poder Ejecutivo Provincial, que plantea prohibir el uso de celulares y dispositivos móviles por parte de personas privadas de la libertad en cárceles provinciales.
El encuentro se realizará a las 10 de la mañana en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía”, y será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la Legislatura y replicado en las redes sociales oficiales en Facebook y X.
La reunión estará encabezada por el vicegobernador Gustavo Menna, junto a las presidentas de las comisiones que analizan el proyecto: María Andrea Aguilera, titular de Asuntos Constitucionales y Justicia, y Sonia Cavagnini, presidenta de Legislación General, Cultura y Educación.
Participación de autoridades judiciales y de seguridad
En el debate participarán funcionarios del Ejecutivo provincial, autoridades judiciales y representantes de organismos vinculados a la seguridad y la justicia. Entre ellos estarán el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el procurador general, Jorge Miquelarena; el defensor general, Sebastián Daroca; y el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García.
También se prevé la presencia de Jorge Benesperi, defensor general alterno; Lucía Pettinari, defensora pública de Comodoro Rivadavia; Javier Francisco, defensor público; Matías Froment, procurador general adjunto; Rodrigo Miquelarena, subsecretario de Justicia; y Claudio Alfredo Fernández, subsecretario de Seguridad.
A ellos se sumarán Emiliano Chialva, asesor general de Gobierno; Mauricio Zabala, subjefe de la Policía del Chubut; Martín Uriona, representante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR); y Nicanor Barrios, integrante de la Asociación Pensamiento Penal.
“Comunicar sí, delinquir no”
Durante la primera reunión informativa, realizada la semana pasada, la diputada María Andrea Aguilera sintetizó el espíritu del proyecto con la frase: “Comunicar sí, pero delinquir desde el encierro, no”.
La legisladora explicó que la iniciativa propone prohibir el ingreso, la tenencia, la facilitación y el uso de celulares, chips y cualquier otro dispositivo tecnológico dentro de los establecimientos penitenciarios de jurisdicción provincial.
“Esta ley parte de un principio rector: la cárcel no puede convertirse en una oficina para cometer delitos”, afirmó Aguilera, quien también advirtió que en muchos casos los lugares de detención se transforman en verdaderos “call centers de delitos”.
En ese sentido, la diputada remarcó que la propuesta no busca eliminar la comunicación de las personas detenidas, sino que esta se realice a través de canales institucionales, controlados y auditables, compatibles con la seguridad pública.
Participación ciudadana en el debate
Como parte del proceso legislativo, la Legislatura del Chubut habilitó un mecanismo de participación ciudadana para que la comunidad pueda opinar sobre el proyecto.
A través del sitio web oficial del organismo, vecinos, instituciones y especialistas pueden acceder al texto completo de la iniciativa y completar un formulario para realizar comentarios, propuestas u observaciones.
Los aportes recibidos serán incorporados al análisis legislativo como contribución al debate institucional, con el objetivo de ampliar los canales de acceso a la información pública y promover una participación ciudadana informada.
Herramientas para el debate legislativo
Las reuniones informativas de comisión están contempladas en el artículo 61 del Reglamento Orgánico de la Legislatura del Chubut y tienen como finalidad recabar opiniones de ciudadanos, organizaciones y especialistas sobre proyectos en tratamiento.
Desde el inicio de la actual gestión legislativa se realizaron alrededor de 20 reuniones informativas, vinculadas a temas de relevancia institucional como la reforma del Código Procesal Penal, el Código Electoral del Chubut, la ley de uso medicinal del cannabis, herramientas tecnológicas para la investigación de delitos complejos y la ley de protección integral de las personas mayores.
