En un giro judicial de alto impacto para la región, el Juez Nacional del Trabajo, Raúl Horacio Ojeda, resolvió revocar la medida cautelar que mantenía suspendido el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral. La decisión habilita un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que, en el caso específico de Chubut, representa una mejora directa en las indemnizaciones que perciben los trabajadores.
El magistrado explicó que en jurisdicciones como Chubut, Buenos Aires, Chaco y gran parte de la Patagonia, las doctrinas judiciales vigentes para el cálculo de intereses ofrecían resultados menores a los que propone la nueva ley. En consecuencia, mantener la cautelar implicaba que los trabajadores cobraran menos de lo que recibirían con la aplicación de la Ley de Modernización Laboral.
Chubut: el sistema anterior era «menos favorable»
El magistrado fundamentó este retroceso tras un «estudio de campo» que reveló un efecto contraproducente de la cautelar dictada originalmente el 30 de marzo. Según el fallo, al suspender la aplicación de la Ley 27.802, se estaba obligando a los trabajadores de la Patagonia a regirse por sistemas de actualización antiguos que pierden por goleada contra la inflación.
En Chubut, las doctrinas judiciales vigentes hasta hoy resultaban menos beneficiosas que el nuevo régimen legal. Con la revocación de la cautelar, los trabajadores locales podrán exigir que sus créditos se actualicen mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa del 3% anual, un esquema que garantiza que el dinero no se licue con el paso del tiempo.
El fin de una cautelar que «perjudicaba»
La medida previa, impulsada por la CGT, pretendía ser una protección uniforme, pero el juez Ojeda admitió que «no era uniformemente protectoria». En provincias como la nuestra, mantener el freno a la ley significaba, en la práctica, una reducción de los derechos económicos de los operarios y empleados en juicio.
A partir de esta resolución, el magistrado desarma la lógica de suspensión general y devuelve la potestad a los tribunales locales. El fallo aclara que ahora «cada jurisdicción juzgará la pertinencia de la aplicación de los artículos 54 y 55», permitiendo que los jueces de Chubut apliquen la fórmula que más beneficie al trabajador.
Contexto y situación actual
Aunque la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma laboral se resolverá en la sentencia definitiva, esta decisión de «alivio» permite que los juicios en trámite en la provincia no queden estancados en cálculos obsoletos.
La resolución del juez Ojeda marca un precedente clave: en contextos de alta inflación, la aplicación del IPC para la actualización de créditos laborales se vuelve una herramienta de justicia social indispensable para que las sentencias no lleguen tarde y devaluadas.
