La Legislatura de Chubut avanza en el debate de un proyecto que busca restringir el uso de celulares en las cárceles, con el objetivo de reducir delitos que se cometen desde los establecimientos penitenciarios. La iniciativa cuenta con el respaldo de distintos actores del sistema judicial y de seguridad.
En ese marco, el jefe del área penitenciaria, comisario mayor Gabriel Araujo, aseguró a Canal 12 que la propuesta es vista “con muy buenos ojos”. “La realidad es reducir y controlar la mayor cantidad de celulares que ingresan a los establecimientos carcelarios para garantizar las comunicaciones, pero también disminuir delitos como extorsiones, estafas y demás”, explicó.
Actualmente, según detalló, se realizan requisas diarias en los centros de detención. “La última requisa en Alcaidía derivó en el secuestro de ocho teléfonos no autorizados”, indicó, y advirtió que muchos dispositivos ingresan por vías clandestinas o a través de visitas.
Por su parte, el fiscal de Puerto Madryn, Axel Williams, sostuvo que el uso de celulares para delinquir desde prisión “es habitual” y no un hecho aislado. “Hay investigaciones en trámite y otras que ya terminaron en condena. Son casos comprobados de personas que cometieron delitos estando detenidas”, afirmó. Además, señaló que estas maniobras suelen contar con apoyo externo, especialmente en el manejo de dinero.
En este contexto, la diputada provincial Andrea Aguilera participó de una reunión con representantes del Ministerio Público, la Policía y autoridades penitenciarias, donde se analizó el alcance del proyecto. Según expresó, se trató de un encuentro “positivo”, en el que se evidenció una amplia aceptación de la iniciativa.
Aguilera destacó que el uso de teléfonos clandestinos permite a los internos continuar cometiendo delitos tanto dentro como fuera de la cárcel, afectando a la población. En ese sentido, subrayó que la propuesta apunta a garantizar una comunicación “controlada y trazable” con familiares y defensores, evitando que esta sea utilizada como excusa para delinquir.
Asimismo, advirtió que el delito asociado al uso de celulares en prisión “ha crecido exponencialmente”, al punto de superar en cantidad de secuestros a las armas blancas dentro de las unidades. La legisladora indicó que, si bien existe consenso, el proyecto podría incorporar mejoras formales en su redacción.
La iniciativa tendrá aplicación en el sistema carcelario provincial y podría alcanzar también a detenidos nacionales bajo órbita judicial de Chubut. En tanto, el próximo encuentro fue fijado para el 8 de abril, cuando se sumarán la Defensa Pública y el Procurador, antes de avanzar hacia su tratamiento en la Cámara.
Finalmente, se destacó que otras provincias como Mendoza y Santa Fe trabajan en propuestas similares, en un contexto donde las estafas virtuales se consolidan como una problemática a nivel nacional.
