La Legislatura abrió el debate sobre la posible prohibición del uso de celulares en cárceles de Chubut, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial con el objetivo de reducir delitos que se originan desde los establecimientos penitenciarios.
En ese marco, el jefe del Área Penitenciaria, comisario mayor Gabriel Araujo, señaló a Canal 12 que la propuesta es vista “con muy buenos ojos” por parte de la Policía. “La realidad es reducir y controlar mayor la cantidad de celulares que ingresan a los establecimientos carcelarios para garantizar las comunicaciones, pero también disminuir delitos como extorsiones, estafas y demás”, explicó.
Actualmente, según detalló, se realizan requisas diarias en los distintos centros de detención. “En el Instituto Penitenciario se hacen controles todos los días. La última requisa en Alcaidía derivó en el secuestro de ocho teléfonos no autorizados”, indicó Araujo, al tiempo que reconoció que muchos dispositivos ingresan a través de visitas o por vías no autorizadas.
El funcionario aclaró que el uso de celulares dentro de las cárceles está regulado y, en algunos casos, autorizado por la Justicia. “Son teléfonos controlados, se registran los contactos y se permite su uso para garantizar la comunicación. Pero también hay otros dispositivos que no están autorizados”, precisó. En ese sentido, adelantó que se busca avanzar progresivamente hacia equipos más básicos, sin acceso a redes sociales.
Por su parte, el fiscal de Puerto Madryn, Axel Williams, habló con Canal 12 y respaldó la iniciativa y advirtió sobre la magnitud del problema. “Si tuviera que ponerle un nombre, diría que es habitual. No es algo aislado”, afirmó, al referirse a los delitos que se cometen desde cárceles mediante dispositivos móviles.
Williams explicó que existen causas en trámite y otras que ya derivaron en condenas, lo que confirma la utilización de celulares para delinquir desde contextos de encierro. “Son hechos comprobados, con personas que cometieron delitos estando detenidas”, sostuvo.
Además, señaló que este tipo de investigaciones presenta dificultades particulares. “Es complejo determinar quién utiliza el dispositivo en pabellones donde hay muchas personas. También se detecta que, en la mayoría de los casos, hay apoyo externo, sobre todo en el manejo del dinero a través de billeteras virtuales”, agregó.
Finalmente, el fiscal consideró que legislar sobre el uso de celulares es una herramienta clave. “No se trata de impedir la comunicación con familiares, sino de regular el acceso a tecnología que se utiliza para delinquir”, concluyó.
