La Legislatura del Chubut inició el debate del proyecto de ley que propone prohibir el uso de celulares en cárceles y lugares de detención, en una reunión que contó con la participación de autoridades judiciales, policiales y legisladores provinciales.
El encuentro se desarrolló en la Sala de Plenarios y marcó el inicio del tratamiento de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, que busca limitar el uso de dispositivos móviles por parte de personas privadas de la libertad.
Datos que impulsan el proyecto
Durante la reunión se expusieron cifras que reflejan la magnitud del problema. En Chubut hay actualmente 804 detenidos provinciales, mientras que a nivel país la población carcelaria supera las 111.000 personas.
Además, según datos del Ministerio Público Fiscal, en 2025 se registraron 33 casos vinculados a delitos cometidos desde cárceles en Rawson, de los cuales:
- El 85% corresponden a esa ciudad
- El 93,9% están relacionados con extorsiones
Estos números fueron utilizados como argumento central para avanzar con la iniciativa.
“Las cárceles no pueden ser call centers del delito”
La diputada María Andrea Aguilera, una de las impulsoras del proyecto, sostuvo que la propuesta parte de una premisa clara:
“Comunicar sí, pero delinquir desde el encierro, no”.
En ese sentido, advirtió que en los últimos años se detectó que los centros de detención funcionan como “call centers del delito”, desde donde se realizan estafas, amenazas y extorsiones.
Qué establece el proyecto de ley
La iniciativa propone:
- Prohibir el ingreso, tenencia y uso de celulares y dispositivos móviles
- Impedir el acceso a Internet y redes sociales en lugares de detención
- Establecer sistemas de comunicación controlados, como telefonía fija
El objetivo es garantizar el derecho a la comunicación, pero bajo canales institucionales y supervisados, evitando el uso de tecnología para cometer delitos.
Próximos pasos en la Legislatura
El proyecto continuará en análisis en comisión y tendrá una nueva reunión el próximo 8 de abril, donde se seguirán evaluando aspectos técnicos y operativos.
Desde el Gobierno provincial consideran que esta medida es clave para reforzar la seguridad y evitar que las cárceles se conviertan en plataformas para la comisión de delitos.
