La Unión Europea (UE) anunció que el acuerdo comercial con el Mercosur comenzará a regir de manera provisional a partir del próximo 1° de mayo de 2026. El comunicado oficial fue ratificado por el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, y confirmado en Argentina por el canciller Pablo Quirno, quien calificó el hecho como un paso fundamental para la inserción internacional y la previsibilidad exportadora del país.
Alcance de la aplicación provisional
Esta modalidad permite que los capítulos relativos a la eliminación de aranceles industriales y agrícolas, así como las cuotas de exportación, comiencen a operar sin necesidad de esperar la ratificación de la totalidad de los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros de la UE.
Al respecto, Sefcovic señaló que las empresas y consumidores podrán beneficiarse de forma inmediata, mientras que los sectores sensibles contarán con salvaguardias. Por el momento, el acuerdo se aplicará entre la UE y los tres países del bloque sudamericano que ya completaron sus trámites internos: Argentina, Brasil y Uruguay. Se espera que Paraguay, depositario jurídico del tratado, envíe su notificación próximamente para sumarse plenamente al proceso.
Impacto y seguimiento en Argentina
El canciller Quirno subrayó que «Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible». Según el funcionario, el acuerdo busca generar condiciones más competitivas para los productos locales en el mercado europeo.
En el ámbito legislativo, ya existen movimientos para monitorear el impacto de esta apertura. El senador nacional Gerardo Zamora presentó un proyecto para crear una Comisión Especial de Seguimiento y Monitoreo en el Senado. Esta iniciativa busca:
- Evaluar el impacto del acuerdo en las economías provinciales y las PyMEs.
- Coordinar con los subcomités de comercio que se habiliten.
- Realizar audiencias públicas en todo el país para analizar las particularidades de cada región productiva.
Desafíos institucionales en Europa
A pesar del avance, el proceso en el Viejo Continente enfrenta complejidades jurídicas. La Eurocámara ha impugnado la base legal del acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esto implica que, si bien la aplicación comercial provisional avanza, la vigencia plena y los componentes de diálogo político quedarán supeditados al dictamen final del alto tribunal y a la posterior votación de los eurodiputados.
