En el marco de la investigación por la desaparición y posterior homicidio de Eber Ariel “Chuky” Estremador, este martes se desarrolló la audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumplen los imputados Gustavo Carreño y Matías Draiye.
Durante la audiencia de control, la jueza Patricia Reyes resolvió que ambos acusados continúen bajo la misma modalidad de prisión preventiva domiciliaria, con salidas laborales, siempre y cuando mantengan el estricto cumplimiento de las condiciones impuestas oportunamente por el tribunal. La medida se mantendrá vigente hasta la realización de la audiencia preliminar.
Avanza la acusación formal
En paralelo a la revisión de la medida cautelar, la fiscal María Eugenia Vottero presentó formalmente la acusación, un paso central dentro del proceso judicial, que marca el cierre de la etapa de investigación y el inicio de los plazos procesales para avanzar hacia el juicio.
Con esta presentación, comenzaron a correr los tiempos establecidos por los artículos 292 y 294 del Código Procesal Penal, que fijan los plazos para que la defensa responda el traslado por escrito, formule planteos y ofrezca pruebas.
El expediente fue declarado de procedimiento complejo, lo que implica la aplicación de plazos procesales extendidos en cada una de las etapas judiciales, debido a la gravedad del hecho, la cantidad de pruebas reunidas y la complejidad de la investigación.
Según las estimaciones judiciales, la etapa previa podría extenderse al menos un mes y medio antes de que estén dadas las condiciones para fijar la audiencia preliminar, instancia indispensable para definir la elevación a juicio.
Recién una vez cumplidos los traslados, vencidos los plazos correspondientes y resueltos los planteos de las partes, el tribunal podrá convocar a esa audiencia, paso formal previo al debate oral.
Juicio por jurados
La causa será tramitada mediante el sistema de juicio por jurados, por lo que también deberá realizarse el sorteo del juez técnico que intervendrá en la etapa de debate. Una vez designado ese magistrado, la jueza que actualmente conduce el expediente perderá competencia sobre la causa.
Este mecanismo implica que un jurado popular será el encargado de determinar la responsabilidad penal de los imputados, mientras que el juez técnico dirigirá el proceso y fijará, en caso de corresponder, la pena.
