Este lunes a las 11:00, el secretariado general de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantendrá un encuentro clave vía Zoom para definir los pasos a seguir ante el avance de la reforma laboral. Aunque inicialmente primaba una postura dialoguista, la presión de diversos sectores gremiales y el cronograma legislativo del oficialismo han precipitado la posibilidad de convocar a un paro general de 24 horas.
El apuro oficialista y la presión gremial
El giro en la estrategia de la calle Azopardo responde, en primera instancia, a la intención del Gobierno Nacional de votar la reforma en la Cámara de Diputados antes del 1 de marzo. El objetivo oficial es contar con la sanción previa al discurso de apertura de sesiones ordinarias de Javier Milei, manejando como fechas posibles el próximo jueves o el miércoles 25 de febrero.
A este escenario se suma la presión interna liderada por dirigentes como Sergio Palazzo (Bancarios) y el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) que encabeza Pablo Moyano. Estos sectores, junto a la UOM, ATE y las dos CTA, ya han manifestado la necesidad de una medida de fuerza nacional para el día en que se trate la norma en el Congreso.
Impacto en los derechos laborales
Dentro de la central obrera existe malestar por el resultado obtenido en el Senado, donde si bien se preservó el financiamiento de obras sociales, se perdieron puntos críticos como la prevalencia de los convenios colectivos nacionales y se limitó el derecho a huelga.
«En la medida que no se reciban nuestros pedidos y nuestros reclamos, el conflicto va a escalar», advirtió Cristián Jerónimo, integrante del triunvirato de la CGT, reflejando el endurecimiento de la postura sindical.
Estrategia judicial y parlamentaria
El objetivo de la CGT con el paro general es forzar nuevas modificaciones en Diputados que obliguen a la ley a regresar al Senado, o incluso lograr su bloqueo si se dilatan los tiempos legislativos.
