Tras la media sanción en el Senado, el Poder Ejecutivo nacional ya anticipa un escenario de alta conflictividad judicial para la Reforma Laboral. Ante la previsión de amparos y recursos presentados por sectores sindicales y judiciales, un equipo de legales coordina desde hace meses la estrategia definitiva para sostener la validez de la norma una vez que sea aprobada por completo en la Cámara de Diputados hacia finales de febrero.
El equipo detrás de la estrategia oficial
La tarea de defensa legal está centralizada en figuras del riñón del asesor presidencial, Santiago Caputo. En este armado participan:
- María Ibarzabal, al frente de la Secretaría de Legal y Técnica.
- Santiago Castro Videla, titular de la Procuración del Tesoro Nacional (PTN).
- Sebastián Amerio, secretario del Ministerio de Justicia.
Este equipo mantiene «bajo llave» los argumentos técnicos con los que buscarán neutralizar las presentaciones que, según detectan, nacerán tanto de los gremios como de la propia Justicia.
Los puntos de conflicto con el sindicalismo
En el oficialismo descuentan que la mayor resistencia gremial se concentrará en ejes que modifican las relaciones de fuerza actuales. Los puntos más sensibles identificados son:
- Prelación de convenios de empresas: Establece que los acuerdos a nivel empresa o provincial prevalecerán sobre los del ámbito nacional.
- Limitación de la ultraactividad: Modifica la vigencia automática de los convenios colectivos de trabajo.
- Indemnizaciones: Una redefinición en el cálculo de los montos por desvío de la relación laboral.
Disputa por el traspaso de la Justicia del Trabajo
Otro frente de batalla se ubica en el propio Poder Judicial. El Gobierno, a través del Decreto 95/2026, facultó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para firmar los acuerdos de traspaso de la Justicia del Trabajo desde el ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Esta medida, que busca dar cumplimiento a la autonomía porteña establecida en la reforma constitucional de 1994, es resistida por jueces y cámaras de apelaciones que actualmente dependen del Estado Nacional. Desde el oficialismo argumentan que «no corresponde que la justicia intervenga» ya que el sistema federal y fallos previos de la Corte Suprema avalan este movimiento como el «deber ser» institucional.
A pesar de los pedidos de audiencia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) con autoridades como Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, el oficialismo avanzó con el tratamiento legislativo, apostando a una aprobación definitiva antes de que termine el mes.
