En un nuevo intento por descomprimir el conflicto con las universidades públicas, el Gobierno nacional resolvió incorporar al temario de las sesiones extraordinarias un proyecto que permita compensar fondos al sistema universitario, luego de haber apelado la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2024.
La decisión, que será instrumentada mediante un decreto, busca atender los reclamos de actualización presupuestaria sin abandonar el principio de equilibrio fiscal que promueve la administración de Javier Milei.
La determinación fue confirmada por una fuente inobjetable y se enmarca en una estrategia más amplia del Poder Ejecutivo para reorganizar el debate legislativo durante el receso estival. Tras la media sanción de la reforma laboral, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo del Mercosur, el oficialismo resolvió sumar este nuevo proyecto con el objetivo de apaciguar las demandas del sector universitario, que viene reclamando previsibilidad financiera y garantías jurídicas para el normal funcionamiento de las casas de estudio.
Reuniones clave y búsqueda de consensos
La tarea estuvo a cargo del secretario de Educación, Carlos Torrendel, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes mantuvieron reuniones en los últimos días con el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y miembro del Comité Ejecutivo, Carlos Greco. En esos encuentros se abordaron alternativas para avanzar en una actualización del financiamiento universitario que contemple tanto las necesidades del sistema como las restricciones fiscales que impone el actual contexto económico.
Según trascendió, el objetivo central es diseñar un esquema de compensación presupuestaria que ofrezca previsibilidad y respaldo legal, sin comprometer la política de ajuste del gasto público. En paralelo, el Ejecutivo presentó un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de la Procuración del Tesoro, solicitando que la apelación contra la cautelar que obliga a implementar la ley universitaria sea concedida con efecto suspensivo.
“El Estado tiene el deber de apelar todo. Hay cosas que vamos a cumplir, pero hay otras que requieren análisis de la Cámara”, argumentó un funcionario del Gobierno, al justificar la estrategia judicial.
Un conflicto que escaló a nivel nacional
El debate por el financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión política entre 2024 y 2025. Tras el veto presidencial a la ley sancionada por el Congreso, se sucedieron movilizaciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas provincias, con un fuerte respaldo social al reclamo de las universidades.
La situación se agravó con una segunda protesta federal en septiembre de 2025, que volvió a poner en agenda la crítica situación presupuestaria del sistema educativo superior. En ese contexto, un sector de la mesa política del oficialismo planteó la necesidad de evitar una escalada judicial y avanzar hacia una solución legislativa que permita recomponer el vínculo con el sector académico.
Así, el Ejecutivo buscará impulsar una nueva norma que modifique el esquema financiero vigente y que logre el consenso político necesario para reemplazar la ley vetada, sin resignar el control del gasto público.
Sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero
En paralelo, el decreto que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial incluirá la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, un día más de lo inicialmente previsto. La medida apunta a ordenar el apretado calendario legislativo y garantizar el tratamiento formal de los proyectos antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo.
La decisión responde también a lo establecido en el reglamento de la Cámara de Diputados, que indica que, si restan diez días o menos para el cierre del período de sesiones, emitir dictámenes pierde efecto práctico.
El objetivo central del presidente Javier Milei es lograr la sanción definitiva de la reforma laboral dentro del período de extraordinarias, para iniciar el año legislativo con un paquete de reformas estructurales ya aprobado. En ese marco, la incorporación del proyecto universitario busca equilibrar la agenda política, atender un reclamo sensible y evitar que el conflicto educativo vuelva a escalar en las calles y en los tribunales.
