La Procuración del Tesoro de la Nación apeló la medida cautelar dictada por el juez federal Enrique Cormick que ordena al Poder Ejecutivo aplicar artículos centrales de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, en particular los vinculados con la actualización de los salarios docentes y las partidas presupuestarias destinadas a las universidades públicas.
En su presentación, el organismo solicitó además que la apelación tenga efecto suspensivo, es decir, que el fallo quede sin aplicación mientras se tramita el recurso, al considerar que la cuestión de fondo es estrictamente presupuestaria y debe ser debatida en el ámbito del Congreso Nacional.
La cautelar había sido dictada a partir de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y más de 40 universidades públicas de todo el país. En su resolución, Cormick sostuvo que existe una “inobservancia clara” de un deber jurídico por parte del Estado y advirtió sobre el “peligro en la demora” que implica la falta de financiamiento adecuado para el funcionamiento del sistema universitario.
Según el magistrado, la ausencia de actualización salarial y de partidas compromete el normal desarrollo de las actividades académicas, científicas y administrativas, afectando directamente a docentes, no docentes y estudiantes. En ese marco, ordenó aplicar los artículos de la ley que garantizan la recomposición de los recursos.
La postura del Gobierno
Desde la gestión de Javier Milei cuestionaron la decisión judicial y calificaron la interpretación del juez como “arbitraria”. La Procuración del Tesoro argumentó que la ley exige que previamente se definan las fuentes de financiamiento y se incorporen las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional, conforme lo establece el decreto 759/2025.
El Ejecutivo advirtió que avanzar con la aplicación de la norma sin una previsión concreta de ingresos pondría en riesgo el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales de la política económica actual. En ese sentido, insistió en que se trata de una discusión que debe resolverse en el ámbito legislativo, ya que la asignación de recursos públicos es una facultad exclusiva del Congreso.
Asimismo, el Estado nacional cuestionó la imparcialidad del juez Cormick, al señalar que el magistrado también se desempeña como docente universitario. No obstante, este planteo fue rechazado por la Cámara, que consideró que no existen causales objetivas que afecten su actuación en la causa.
Un conflicto de alto impacto
La apelación reaviva el conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, en un contexto marcado por reclamos salariales, dificultades presupuestarias y advertencias sobre la sostenibilidad de las actividades académicas.
Mientras las universidades sostienen que la falta de actualización pone en riesgo el funcionamiento básico de las instituciones, el Ejecutivo reafirma su postura de no avanzar con erogaciones que no cuenten con respaldo presupuestario y de mantener la disciplina fiscal como prioridad.
