La Libertad Avanza convocará a una sesión especial en la Cámara de Diputados el próximo jueves para avanzar con la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil, cuyo eje central es la baja de la edad de imputabilidad. La decisión se tomó luego de que el oficialismo alcanzara un acuerdo con sectores de la oposición para reactivar el tratamiento del proyecto.
Como paso previo, el miércoles se realizará un plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto, donde se firmará el dictamen correspondiente. El despacho que el oficialismo había logrado el año pasado perdió estado parlamentario, por lo que el trámite formal debe iniciarse nuevamente, aunque fuentes cercanas a las negociaciones aseguraron que se “respetarán los consensos” alcanzados anteriormente.
El proyecto original impulsado por el presidente Javier Milei proponía reducir la edad de imputabilidad a los 13 años. Sin embargo, durante el debate del año pasado, bloques aliados como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal presionaron para fijar el límite en los 14 años. Tal como anticipó Infobae, tanto el PRO como la UCR confirmaron que mantendrán esa postura. El texto consensuado también había reducido la pena máxima para delitos graves —como homicidio, abuso sexual o secuestro— de 20 a 15 años de prisión efectiva, aunque finalmente nunca fue llevado al recinto.
La novedad se conoció tras una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a los jefes de bloque. Del encuentro participaron representantes de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, el PRO, la UCR, Innovación Federal, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal y otros espacios provinciales y federales.
Según revelaron aliados del Gobierno, el “único agregado” que tendrá el nuevo proyecto será un apartado presupuestario, a raíz de los reclamos de los gobernadores. Las provincias habían manifestado su preocupación por el costo que implicaría la aplicación del Régimen Penal Juvenil, por lo que la Casa Rosada se comprometió a habilitar convenios con Nación para cubrir la diferencia de gastos.
Ante la consulta de Infobae, los bloques aliados coincidieron en que el oficialismo contará con los votos necesarios para obtener la media sanción. “El año pasado lograron dictamen cuando eran minoría; ahora que son la primera minoría todo indica que será más sencillo”, señalaron desde un bloque colaborador.
Cómo será el nuevo Régimen Penal Juvenil
El proyecto establece en 14 años la edad mínima de punibilidad y fija una condena máxima de 15 años de prisión únicamente para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de la libertad será considerada un último recurso y se priorizarán penas alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas o medidas de reparación del daño.
Además, se prevé la creación de institutos especiales para menores condenados, donde se garantice el acceso a la educación, atención médica y tratamiento en casos de adicciones. El personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia y quedará prohibida cualquier convivencia con detenidos mayores.
Entre las penas alternativas se incluyen la amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, restricciones de concurrencia a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. Estas opciones podrán aplicarse en delitos con penas de hasta 3 años, o de hasta 10 años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima.
El texto también habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima. Como medidas complementarias, contempla programas educativos, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y la prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, con seguimiento a cargo de un supervisor especializado designado por el juez.
Finalmente, el proyecto incorpora intervenciones específicas para casos de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos, con notificación al juez civil competente en caso de internación, para garantizar un seguimiento integral de cada situación.
